Línea de crédito para apoyar recuperación de territorios afectados por emergencias climáticas
Por Panal Medios
Red de medios alternativos y comunitarios
Junio, 2026
En respuesta a las graves afectaciones ocasionadas por las lluvias e inundaciones registradas a comienzos de 2026, la Banca de Desarrollo Territorial, Findeter —entidad del Grupo Bicentenario— anunció el lanzamiento de una nueva línea de crédito de redescuento con tasa compensada denominada “Territorios que renacen”, con recursos por $200.000 millones destinados a fortalecer la recuperación de los municipios más golpeados por la emergencia climática.
La iniciativa surge como una herramienta financiera estratégica para atender las necesidades urgentes derivadas de la emergencia económica, social y ecológica decretada por el Gobierno nacional en febrero de este año, tras las intensas precipitaciones que generaron inundaciones, daños en infraestructura y afectaciones directas a miles de familias en distintas regiones del país.
La línea de crédito está dirigida específicamente a municipios de los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Chocó, Bolívar, Cesar y Magdalena, así como a sus entidades descentralizadas. La focalización de estos territorios se estableció con base en los decretos 150 del 11 de febrero de 2026 y 243 del 12 de marzo de 2026, emitidos por el Gobierno nacional.
Con esta línea, Findeter busca facilitar el acceso a recursos financieros en condiciones favorables para que los gobiernos locales puedan atender de manera oportuna las necesidades más urgentes de sus comunidades, al tiempo que avanzan en procesos de recuperación económica y fortalecimiento de la resiliencia territorial.
Entre las condiciones financieras del instrumento se destacan plazos de hasta cinco años, con la posibilidad de acceder a un período de gracia de hasta un año para el pago a capital. Además, la tasa compensada ofrece condiciones preferenciales desde IBR + 1,00 % mes vencido, IBR + 1,15 % trimestre vencido e IBR + 1,25 % semestre vencido. Los recursos estarán disponibles hasta agotar la bolsa asignada.
Los recursos de esta línea podrán ser utilizados para financiar una amplia gama de proyectos orientados a la recuperación y prevención. Entre ellos se encuentran obras de infraestructura preventiva para mitigar futuros riesgos, implementación de sistemas de alerta temprana y programas de reactivación económica impulsados por las entidades territoriales, con especial énfasis en el fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas (Pymes), fundamentales para la recuperación productiva de las regiones.
Asimismo, la financiación contempla proyectos destinados al restablecimiento de infraestructura básica y servicios esenciales. Esto incluye la reparación de viviendas afectadas, la intervención y rehabilitación de vías terciarias, mejoras en acueductos y redes de servicios públicos, así como inversiones orientadas a fortalecer la atención en salud y educación en las zonas más impactadas por la emergencia.
Uno de los aspectos más relevantes de esta estrategia es su enfoque prioritario hacia los municipios de categoría 6, es decir, aquellos con menores ingresos fiscales y mayores niveles de vulnerabilidad social y económica. Esta priorización busca garantizar que los recursos lleguen primero a los territorios con mayores necesidades y menores capacidades de respuesta frente a situaciones de crisis.
En caso de que existan recursos remanentes tras la atención de estos municipios, la asignación avanzará progresivamente hacia municipios de categorías 5, 4 y 3, ampliando así el alcance de la medida y fortaleciendo el impacto regional de la estrategia.
La creación de esta línea de redescuento representa una apuesta por una respuesta articulada entre el Gobierno nacional y los entes territoriales, orientada no solo a atender las consecuencias inmediatas de la emergencia, sino también a sentar bases para procesos de recuperación sostenibles y de largo plazo.
Carlos Saad Llinás, presidente de Findeter, destacó el papel de esta herramienta en la estabilización social y económica de los territorios afectados.
“Con esta línea de crédito buscamos brindar a los territorios herramientas financieras oportunas para atender la emergencia, proteger a las comunidades afectadas y acelerar la recuperación económica local. Nuestro compromiso es respaldar a las regiones para que puedan avanzar en su desarrollo”, afirmó Carlos Saad Llinás.
Con “Territorios que renacen”, Findeter reafirma su papel como actor clave en el financiamiento del desarrollo regional en Colombia, promoviendo soluciones concretas para enfrentar las consecuencias del cambio climático y fortalecer la capacidad de respuesta de los territorios frente a eventos extremos.
En un contexto donde los fenómenos climáticos representan desafíos cada vez mayores para las regiones, instrumentos como este se convierten en mecanismos fundamentales para garantizar una recuperación efectiva, proteger a las comunidades más vulnerables y construir territorios más resilientes, sostenibles y preparados para el futuro.
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Unicaribe crece para transformar el futuro del caribe colombiano
Por Panal Medios
Red de medios alternativos y comunitarios
Junio, 2026
La educación superior pública en el Caribe colombiano da un paso histórico hacia su fortalecimiento. El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación Nacional, inició las obras de ampliación de la sede Costa Verde de la Institución Universitaria del Caribe, Unicaribe, un proyecto que busca responder a las crecientes necesidades académicas de miles de jóvenes y que representa una de las inversiones más significativas en infraestructura educativa realizadas en la región durante los últimos años.
Con una inversión superior a los 55.766 millones de pesos y la ejecución técnica de Findeter, esta iniciativa se proyecta como una apuesta estratégica para ampliar el acceso a la educación superior, fortalecer la calidad académica y generar nuevas oportunidades para las comunidades del Caribe colombiano.
Más allá de la construcción de un edificio, la obra simboliza la posibilidad de que cientos de jóvenes puedan acceder a formación profesional de calidad sin abandonar sus territorios. Se trata de una inversión en el futuro, en la movilidad social y en la construcción de capacidades que permitan impulsar el desarrollo económico, científico y tecnológico de la región.
La ampliación de la sede Costa Verde permitirá aumentar significativamente la capacidad física y académica de Unicaribe. El nuevo edificio contará con tres niveles diseñados para responder a las exigencias de una educación superior moderna e incluyente.
La infraestructura contempla la construcción de 20 aulas tipo con capacidad para 40 estudiantes cada una, además de un aula magistral para 45 estudiantes, espacios administrativos, áreas destinadas a tutorías académicas, enfermería, baterías sanitarias y amplias zonas de circulación que facilitarán la movilidad y el bienestar de la comunidad universitaria.
Uno de los espacios más destacados será un auditorio con capacidad para 130 personas, concebido como un escenario para el encuentro académico, la realización de actividades culturales, conferencias, seminarios y eventos de integración comunitaria.
Estas nuevas instalaciones contribuirán a mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje, permitiendo que más estudiantes puedan acceder a programas de formación profesional en ambientes adecuados y con mayores recursos pedagógicos.
Uno de los aspectos más innovadores del proyecto es la incorporación de cuatro laboratorios especializados que estarán orientados a las áreas de informática, redes y telecomunicaciones, ciencia de datos e inteligencia artificial, así como robótica.
La inclusión de estos espacios responde a las demandas de un mundo cada vez más digitalizado, donde las competencias tecnológicas se han convertido en una herramienta fundamental para la inserción laboral y el desarrollo profesional.
Los nuevos laboratorios permitirán a los estudiantes acceder a tecnologías de vanguardia, desarrollar proyectos de investigación aplicada y fortalecer habilidades relacionadas con la transformación digital, un sector que hoy representa importantes oportunidades para la generación de empleo y emprendimiento en Colombia.
La formación en inteligencia artificial, análisis de datos y robótica adquiere especial relevancia en un contexto donde las universidades públicas enfrentan el desafío de preparar profesionales capaces de responder a los cambios tecnológicos y a las nuevas dinámicas productivas del país.
La ampliación de Unicaribe también representa una apuesta por la equidad territorial. Durante décadas, muchas regiones del Caribe han enfrentado dificultades para ampliar la cobertura de la educación superior pública, obligando a miles de jóvenes a desplazarse hacia otras ciudades o abandonar sus aspiraciones académicas por razones económicas.
Este proyecto busca contribuir a cerrar esas brechas históricas mediante la consolidación de una infraestructura moderna que fortalezca la oferta educativa regional y facilite el acceso de estudiantes provenientes de distintos municipios y comunidades.
Para líderes sociales y actores comunitarios, la inversión en educación superior constituye una de las herramientas más efectivas para combatir la desigualdad, promover la inclusión social y generar procesos sostenibles de desarrollo local.
La construcción de nuevos espacios académicos también tendrá impactos positivos en la economía regional, tanto por la generación de empleo durante la ejecución de las obras como por el fortalecimiento de las capacidades profesionales que posteriormente aportarán al crecimiento de sectores estratégicos del Caribe colombiano.
El inicio de las obras de ampliación de la sede Costa Verde de Unicaribe refleja el compromiso institucional con el fortalecimiento de la educación pública como un derecho y como una herramienta de transformación social.
Mientras avanzan los trabajos de construcción, estudiantes, docentes y comunidades observan con expectativa el surgimiento de una infraestructura que no solo ampliará aulas y laboratorios, sino que abrirá nuevas puertas para el conocimiento, la innovación y la construcción de proyectos de vida.
En un país donde el acceso a la educación continúa siendo uno de los principales desafíos para millones de jóvenes, iniciativas como esta demuestran que la inversión pública en universidades puede convertirse en una verdadera estrategia de desarrollo humano, capaz de transformar territorios enteros y de sembrar oportunidades para las generaciones presentes y futuras.
La nueva sede de Unicaribe se perfila así como un símbolo del potencial transformador de la educación, una obra que busca convertir los sueños de miles de estudiantes del Caribe colombiano en realidades concretas y contribuir a la construcción de una región más equitativa, competitiva y preparada para enfrentar los desafíos del siglo XXI.
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Inversión social en Villanueva (Guajira)
“Recuperación de espacios públicos y seguridad vial”
Por Panal Medios
Red de medios alternativos y comunitarios
Junio, 2026
Villanueva, La Guajira. La recuperación de espacios públicos para la recreación y el fortalecimiento de la seguridad vial se han convertido en una realidad para miles de habitantes de Villanueva, en el sur de La Guajira, gracias a una inversión superior a los 1.169 millones de pesos realizada por Findeter a través de su programa de responsabilidad social Transformando Regiones.
La iniciativa permitió la renovación integral de seis parques comunitarios y la expansión del alumbrado público en importantes corredores viales de la región, obras que impactan de manera directa la calidad de vida de más de 30 mil habitantes del municipio y de poblaciones vecinas.
Durante años, varios de los parques intervenidos permanecieron en condiciones de deterioro y abandono. Algunos de estos espacios, que alguna vez fueron lugares de encuentro para las familias y escenarios de juego para la infancia, se habían convertido en zonas poco utilizadas debido al mal estado de sus estructuras y equipamientos.
Con las nuevas intervenciones, los parques Villa del Río, José Galo Daza, Villa Hildegar, Las Palmas, Villa del Prado y Las Víctimas fueron transformados en espacios seguros y adecuados para el disfrute de la comunidad.
La recuperación de estos parques representa mucho más que una mejora física de la infraestructura urbana. Se trata de una apuesta por la convivencia ciudadana, el fortalecimiento del tejido social y la promoción de estilos de vida saludables entre niños, jóvenes y adultos.
Las obras incluyeron la reposición de juegos infantiles, mobiliario urbano y equipamientos recreativos, así como el mantenimiento de estructuras existentes y de los espacios biosaludables destinados a la actividad física. Estas adecuaciones permiten que los parques vuelvan a cumplir su función como escenarios de integración comunitaria.
La alcaldesa de Villanueva, Cielomar Peñaloza, destacó la importancia de estas inversiones para el municipio y agradeció el respaldo brindado por la entidad financiera.
“Estoy muy agradecida porque Findeter nos colaboró cuando fui a tocarles las puertas. Se pudieron recuperar parques que tenían 15 años de estar abandonados y que los niños no podían disfrutar”, manifestó la mandataria.
Las obras responden a una necesidad histórica de diversos barrios del municipio, donde generaciones enteras crecieron sin contar con espacios públicos adecuados para la recreación y el encuentro ciudadano.
Para muchas familias, la renovación de estos escenarios significa la posibilidad de recuperar lugares seguros donde los niños pueden jugar y compartir, mientras los adultos encuentran espacios apropiados para la actividad física y la convivencia vecinal.
Ayde Ortega, residente del barrio José Galo Daza, expresó la satisfacción de la comunidad por la transformación del parque de su sector.
“Gracias a Findeter y a la alcaldía por tener en cuenta al barrio José Galo Daza porque nuestro parque estaba bastante deteriorado. No teníamos calidad de vida para el ejercicio y recreación para los niños. Es importante mantener la mente sana en los niños y el cuerpo sano en los adultos”, señaló.
Además de la recuperación de parques, Findeter entregó una importante obra de expansión del alumbrado público en los corredores viales Villanueva-Urumita y El Molino-Villanueva.
La intervención incluyó la instalación de nuevos postes, un transformador eléctrico y 61 luminarias LED de alta eficiencia, mejorando significativamente las condiciones de visibilidad en estas vías estratégicas para la movilidad regional.
La iluminación de estos corredores representa un avance fundamental para la seguridad vial y ciudadana, especialmente durante las horas nocturnas. La falta de iluminación adecuada había sido una preocupación recurrente entre conductores, peatones y habitantes de los municipios conectados por estas carreteras.
Con la puesta en funcionamiento de las nuevas luminarias, se espera una disminución de los riesgos asociados a accidentes de tránsito, así como una mayor sensación de seguridad para quienes transitan por estos sectores.
Las autoridades consideran que esta obra también fortalece la integración entre municipios, facilita las actividades económicas y mejora las condiciones de desplazamiento de estudiantes, trabajadores y transportadores que utilizan diariamente estas rutas.
Los proyectos ejecutados en Villanueva hacen parte del programa Transformando Regiones, una estrategia de responsabilidad social empresarial impulsada por Findeter con recursos propios, orientada a llevar inversión social a municipios apartados del país.
La iniciativa busca cerrar brechas de infraestructura que afectan directamente a las comunidades y promover proyectos que generen bienestar colectivo, fortaleciendo las capacidades de los territorios y mejorando las condiciones de vida de sus habitantes.
Según explicó el presidente de Findeter, Carlos Alberto Saad Llinás, este tipo de intervenciones demuestran que la responsabilidad social puede convertirse en una herramienta efectiva para impulsar el desarrollo local.
“Para Findeter, como banca de desarrollo, es muy importante llegar a territorios como La Guajira a través de su programa Transformando Regiones porque podemos demostrar que la responsabilidad social empresarial es posible y contribuye al desarrollo territorial a través de la promoción del uso adecuado del tiempo libre y el fortalecimiento del tejido social”, afirmó.
La experiencia de Villanueva refleja cómo inversiones relativamente pequeñas en infraestructura social pueden generar impactos significativos en la vida cotidiana de las comunidades, especialmente cuando están dirigidas a recuperar espacios de encuentro ciudadano y mejorar las condiciones de seguridad.
La recuperación de parques y el fortalecimiento del alumbrado público constituyen acciones complementarias que apuntan a un mismo objetivo: construir entornos más seguros, incluyentes y adecuados para el desarrollo de las comunidades.
En un departamento como La Guajira, donde persisten importantes desafíos en materia de infraestructura y acceso a servicios, este tipo de proyectos adquiere una relevancia especial al contribuir al bienestar de la población y al fortalecimiento de la cohesión social.
Con estas obras, Villanueva no solo gana espacios renovados y mejor iluminados, sino también nuevas oportunidades para promover la convivencia, el deporte, la recreación y el sentido de pertenencia comunitaria, elementos fundamentales para avanzar hacia un desarrollo territorial más equitativo y sostenible.
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"Nariño fortalece su red hospitalaria"
Avanzan mejoramientos en Barbacoas, Samaniego y Cumbal
Por Panal Medios
Red de Medios Alternativos y Comunitarios
Mayo, 2026
En una región históricamente marcada por profundas brechas sociales, dificultades de acceso institucional y limitaciones en infraestructura pública, el inicio de los mejoramientos hospitalarios en los municipios de Barbacoas, Samaniego y Cumbal representa una noticia esperanzadora para miles de habitantes del departamento de Nariño.
Los proyectos, impulsados por el Gobierno nacional a través de Fondo Paz y con el acompañamiento técnico y social de Findeter, buscan transformar las condiciones físicas de centros hospitalarios que durante años han operado con graves limitaciones estructurales, afectando la calidad y oportunidad de la atención en salud.
La iniciativa también contempla intervenciones en Los Andes Sotomayor, ampliando así el alcance de una estrategia orientada a fortalecer la infraestructura sanitaria en zonas priorizadas del departamento, muchas de ellas afectadas históricamente por el conflicto armado, el abandono estatal y las dificultades geográficas.
Durante las jornadas de socialización realizadas en los territorios, comunidades, líderes sociales, personal médico y autoridades locales conocieron los alcances de las obras y los beneficios esperados para la población. Más allá de la adecuación física de los hospitales, el proyecto simboliza un esfuerzo por dignificar el derecho a la salud en territorios donde el acceso a servicios médicos continúa siendo una deuda histórica.
En numerosas ocasiones, habitantes de estos municipios han denunciado las precarias condiciones de la infraestructura hospitalaria: espacios deteriorados, insuficiencia de consultorios, limitaciones en áreas de urgencias y dificultades para atender adecuadamente a pacientes provenientes de zonas rurales dispersas. Estas problemáticas no solo afectan el funcionamiento del sistema de salud local, sino que impactan directamente la calidad de vida de las comunidades.
Desde Panal Medios consideramos que la infraestructura hospitalaria no puede entenderse únicamente como cemento, paredes o equipamientos técnicos. Un hospital digno representa la posibilidad de atención oportuna, prevención de enfermedades, acompañamiento a las familias y garantía efectiva de derechos fundamentales.
En departamentos como Nariño, caracterizados por una compleja geografía y altos índices de ruralidad, las dificultades de acceso a servicios de salud adquieren dimensiones aún más críticas. Para muchas familias campesinas, indígenas y afrodescendientes, desplazarse hacia centros urbanos para recibir atención médica implica largos recorridos, elevados costos y riesgos asociados a las condiciones de movilidad.
Por ello, el fortalecimiento de la red hospitalaria local se convierte en un componente esencial para reducir inequidades territoriales y garantizar atención cercana a las comunidades. La mejora de estos centros médicos permitirá ampliar capacidades de atención, optimizar espacios asistenciales y ofrecer condiciones más adecuadas tanto para pacientes como para trabajadores del sector salud.
Uno de los elementos destacados del proceso ha sido el acompañamiento técnico y social desarrollado por Findeter en articulación con Fondo Paz. Según se explicó durante las socializaciones, las intervenciones buscan responder a necesidades reales identificadas en cada territorio, promoviendo además participación comunitaria y apropiación social de los proyectos.
La presencia de Fondo Paz en estas iniciativas también refleja una visión más amplia sobre la construcción de paz territorial. En muchos municipios de Nariño, el fortalecimiento de la infraestructura social es fundamental para generar condiciones de estabilidad, bienestar y confianza institucional en comunidades que han enfrentado décadas de violencia y exclusión.
La salud pública constituye uno de los pilares centrales para avanzar hacia procesos sostenibles de paz y desarrollo regional. Sin acceso digno a servicios médicos, resulta imposible garantizar plenamente derechos fundamentales y mejorar las condiciones de vida de la población.
En ese sentido, los proyectos hospitalarios en Barbacoas, Samaniego, Cumbal y Los Andes Sotomayor adquieren una dimensión estratégica para el sur del país. No se trata únicamente de remodelar edificios, sino de fortalecer capacidades institucionales y acercar el Estado a territorios históricamente periféricos.
Asimismo, estas inversiones generan impactos indirectos sobre el empleo local y la dinámica económica regional, especialmente durante la etapa de ejecución de las obras. La contratación de mano de obra y la movilización de actividades asociadas a la construcción también representan oportunidades para las economías locales.
Sin embargo, líderes sociales y sectores comunitarios han insistido en que la mejora de la infraestructura debe ir acompañada de otras medidas estructurales para fortalecer el sistema de salud. Entre ellas, garantizar suficiencia de personal médico, acceso a medicamentos, mantenimiento permanente de equipos y estabilidad financiera de los centros asistenciales.
La crisis del sistema de salud en Colombia no puede resolverse únicamente desde la infraestructura, pero sí requiere espacios adecuados que permitan prestar servicios dignos y seguros. Por ello, estos proyectos representan un avance importante, aunque todavía insuficiente frente a los desafíos históricos del sector.
Desde los medios alternativos y comunitarios resulta fundamental mantener seguimiento a estas iniciativas, promoviendo transparencia en la ejecución de recursos públicos y visibilizando las necesidades reales de las comunidades. La participación ciudadana será clave para garantizar que las obras respondan efectivamente a las expectativas territoriales y contribuyan al bienestar colectivo.
La apuesta del Gobierno nacional, Fondo Paz y Findeter en Nariño envía además un mensaje político relevante: la inversión social en territorios históricamente marginados sigue siendo indispensable para cerrar brechas y construir condiciones de equidad regional.
Mientras avanzan las socializaciones y se preparan las intervenciones hospitalarias, miles de habitantes de Barbacoas, Samaniego, Cumbal y Los Andes Sotomayor observan con expectativa la posibilidad de acceder a mejores condiciones de atención médica y a espacios hospitalarios más humanos, seguros y dignos.
Porque en regiones donde durante años la precariedad institucional ha sido una constante, fortalecer la salud pública también significa fortalecer la esperanza y la dignidad de las comunidades.
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Nueva sede Universidad del Atlántico en Soledad
“La educación superior pública se expande en el Caribe”
Por Panal Medios
Red de Medios Alternativos y Comunitarios
Mayo, 2026
En una de las regiones más pobladas y dinámicas del Caribe colombiano, donde miles de jóvenes enfrentan históricamente dificultades para acceder a educación superior pública de calidad, el avance de la nueva sede de la Universidad del Atlántico en el municipio de Soledad se proyecta como una de las inversiones educativas más relevantes de los últimos años para el departamento del Atlántico.
El proyecto, que cuenta con asistencia técnica de Findeter, contempla una inversión cercana a los 47.000 millones de pesos y hace parte de las apuestas del Gobierno nacional para ampliar la cobertura de educación superior pública y reducir brechas territoriales en el Caribe colombiano.
En medio de versiones y especulaciones que circularon recientemente sobre una supuesta paralización de las obras, las entidades responsables aclararon que el proyecto no se encuentra abandonado ni detenido, sino que avanza conforme a los cronogramas técnicos y contractuales establecidos para su ejecución.
Estas labores, aunque muchas veces pasan desapercibidas para la ciudadanía por tratarse de trabajos preliminares, constituyen etapas fundamentales en cualquier obra de infraestructura educativa de gran escala. La preparación adecuada del terreno y las cimentaciones son determinantes para garantizar estabilidad estructural, seguridad y durabilidad futura de la construcción.
Según la información oficial, los recursos financieros para la ejecución del proyecto se encuentran completamente garantizados, mientras que la entrega de la sede está proyectada para el primer semestre de 2027. El inicio de actividades académicas se prevé para el segundo semestre del mismo año.
La nueva infraestructura universitaria contará con más de 7.800 metros cuadrados construidos sobre un lote de 5,8 hectáreas e incluirá:
• aulas de clase
• laboratorios
• aulas de sistemas
• aula magistral
• espacios académicos complementarios
• y 980 nuevas sillas universitarias
Se estima que más de 1.000 estudiantes serán beneficiados directamente con esta ampliación de cobertura educativa.
Más allá de la construcción física, este proyecto representa una respuesta a una problemática estructural que durante décadas ha afectado a Soledad y al área metropolitana de Barranquilla: la insuficiente oferta de educación superior pública frente al crecimiento poblacional y las necesidades sociales de la región.
Soledad es hoy uno de los municipios más poblados del país, con una población joven creciente y profundas desigualdades socioeconómicas. Sin embargo, históricamente ha enfrentado limitaciones en infraestructura educativa universitaria, obligando a miles de estudiantes a desplazarse hacia otras ciudades o abandonar proyectos académicos por dificultades económicas.
La expansión de la Universidad del Atlántico hacia Soledad busca precisamente reducir esas barreras de acceso y acercar oportunidades educativas a sectores populares y periféricos que tradicionalmente han quedado excluidos del sistema universitario público.
Desde Panal Medios consideramos que la educación superior pública constituye una de las herramientas más importantes para enfrentar desigualdades estructurales y ampliar posibilidades de movilidad social en Colombia. La construcción de nuevas sedes universitarias no debe entenderse únicamente como una obra de infraestructura, sino como una inversión estratégica en desarrollo humano, ciudadanía y futuro regional.
La presencia de una universidad pública en un territorio transforma dinámicas económicas, culturales y sociales. Además de generar oportunidades académicas, las instituciones universitarias dinamizan economías locales, fortalecen procesos culturales, promueven investigación y contribuyen a consolidar nuevas capacidades técnicas y profesionales en las comunidades.
En regiones como el Caribe colombiano, donde persisten altos índices de desempleo juvenil, informalidad laboral y exclusión educativa, ampliar la cobertura universitaria adquiere una dimensión particularmente relevante.
El proyecto también refleja el papel que viene desempeñando la banca de desarrollo en la consolidación de infraestructura social y educativa en Colombia. La asistencia técnica de Findeter busca garantizar estándares adecuados de planeación, ejecución y sostenibilidad en obras estratégicas para los territorios.
Asimismo, esta iniciativa hace parte de una política más amplia orientada a fortalecer la educación superior pública nacional y descentralizar las oportunidades académicas. Durante décadas, buena parte de la infraestructura universitaria se concentró en capitales departamentales y grandes ciudades, profundizando brechas regionales y limitando el acceso de jóvenes provenientes de municipios intermedios y periféricos.
La construcción de nuevas sedes regionales constituye una apuesta por acercar el derecho a la educación a las comunidades y reducir inequidades históricas.
Sin embargo, diversos sectores académicos y estudiantiles han señalado que el fortalecimiento de la educación pública requiere también garantizar:
• financiación sostenible
• bienestar universitario
• calidad docente
• investigación
• conectividad tecnológica
• y políticas de permanencia estudiantil
La infraestructura física es fundamental, pero debe estar acompañada de condiciones integrales que permitan a los estudiantes ingresar, permanecer y culminar exitosamente sus procesos formativos.
En el caso de Soledad, la expectativa ciudadana frente al nuevo campus universitario también se relaciona con el impacto urbano y social que puede generar en la zona. Las universidades suelen convertirse en centros de encuentro, circulación cultural y dinamización territorial, fortaleciendo además procesos de identidad y apropiación comunitaria.
Desde los medios alternativos y comunitarios resulta fundamental realizar seguimiento permanente a este tipo de proyectos públicos, promoviendo transparencia, acceso a información clara y participación ciudadana en torno a inversiones estratégicas para las regiones.
En tiempos donde la desinformación y las percepciones parciales circulan rápidamente en plataformas digitales, el periodismo independiente cumple una función esencial al contextualizar las obras públicas y analizar sus impactos sociales de largo plazo.
La nueva sede de la Universidad del Atlántico en Soledad simboliza hoy mucho más que una construcción universitaria. Representa una apuesta por ampliar derechos, democratizar el acceso al conocimiento y ofrecer nuevas oportunidades para miles de jóvenes del Caribe colombiano.
En una sociedad profundamente desigual, fortalecer la educación superior pública sigue siendo una de las herramientas más poderosas para construir inclusión, desarrollo regional y transformación social.
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Nueva sede Universidad del Atlántico en Soledad
“La educación superior pública se expande en el Caribe”
Por Panal Medios
Red de Medios Alternativos y Comunitarios
Mayo, 2026
En una de las regiones más pobladas y dinámicas del Caribe colombiano, donde miles de jóvenes enfrentan históricamente dificultades para acceder a educación superior pública de calidad, el avance de la nueva sede de la Universidad del Atlántico en el municipio de Soledad se proyecta como una de las inversiones educativas más relevantes de los últimos años para el departamento del Atlántico.
El proyecto, que cuenta con asistencia técnica de Findeter, contempla una inversión cercana a los 47.000 millones de pesos y hace parte de las apuestas del Gobierno nacional para ampliar la cobertura de educación superior pública y reducir brechas territoriales en el Caribe colombiano.
En medio de versiones y especulaciones que circularon recientemente sobre una supuesta paralización de las obras, las entidades responsables aclararon que el proyecto no se encuentra abandonado ni detenido, sino que avanza conforme a los cronogramas técnicos y contractuales establecidos para su ejecución.
Estas labores, aunque muchas veces pasan desapercibidas para la ciudadanía por tratarse de trabajos preliminares, constituyen etapas fundamentales en cualquier obra de infraestructura educativa de gran escala. La preparación adecuada del terreno y las cimentaciones son determinantes para garantizar estabilidad estructural, seguridad y durabilidad futura de la construcción.
Según la información oficial, los recursos financieros para la ejecución del proyecto se encuentran completamente garantizados, mientras que la entrega de la sede está proyectada para el primer semestre de 2027. El inicio de actividades académicas se prevé para el segundo semestre del mismo año.
La nueva infraestructura universitaria contará con más de 7.800 metros cuadrados construidos sobre un lote de 5,8 hectáreas e incluirá:
• aulas de clase
• laboratorios
• aulas de sistemas
• aula magistral
• espacios académicos complementarios
• y 980 nuevas sillas universitarias
Se estima que más de 1.000 estudiantes serán beneficiados directamente con esta ampliación de cobertura educativa.
Más allá de la construcción física, este proyecto representa una respuesta a una problemática estructural que durante décadas ha afectado a Soledad y al área metropolitana de Barranquilla: la insuficiente oferta de educación superior pública frente al crecimiento poblacional y las necesidades sociales de la región.
Soledad es hoy uno de los municipios más poblados del país, con una población joven creciente y profundas desigualdades socioeconómicas. Sin embargo, históricamente ha enfrentado limitaciones en infraestructura educativa universitaria, obligando a miles de estudiantes a desplazarse hacia otras ciudades o abandonar proyectos académicos por dificultades económicas.
La expansión de la Universidad del Atlántico hacia Soledad busca precisamente reducir esas barreras de acceso y acercar oportunidades educativas a sectores populares y periféricos que tradicionalmente han quedado excluidos del sistema universitario público.
Desde Panal Medios consideramos que la educación superior pública constituye una de las herramientas más importantes para enfrentar desigualdades estructurales y ampliar posibilidades de movilidad social en Colombia. La construcción de nuevas sedes universitarias no debe entenderse únicamente como una obra de infraestructura, sino como una inversión estratégica en desarrollo humano, ciudadanía y futuro regional.
La presencia de una universidad pública en un territorio transforma dinámicas económicas, culturales y sociales. Además de generar oportunidades académicas, las instituciones universitarias dinamizan economías locales, fortalecen procesos culturales, promueven investigación y contribuyen a consolidar nuevas capacidades técnicas y profesionales en las comunidades.
En regiones como el Caribe colombiano, donde persisten altos índices de desempleo juvenil, informalidad laboral y exclusión educativa, ampliar la cobertura universitaria adquiere una dimensión particularmente relevante.
El proyecto también refleja el papel que viene desempeñando la banca de desarrollo en la consolidación de infraestructura social y educativa en Colombia. La asistencia técnica de Findeter busca garantizar estándares adecuados de planeación, ejecución y sostenibilidad en obras estratégicas para los territorios.
Asimismo, esta iniciativa hace parte de una política más amplia orientada a fortalecer la educación superior pública nacional y descentralizar las oportunidades académicas. Durante décadas, buena parte de la infraestructura universitaria se concentró en capitales departamentales y grandes ciudades, profundizando brechas regionales y limitando el acceso de jóvenes provenientes de municipios intermedios y periféricos.
La construcción de nuevas sedes regionales constituye una apuesta por acercar el derecho a la educación a las comunidades y reducir inequidades históricas.
Sin embargo, diversos sectores académicos y estudiantiles han señalado que el fortalecimiento de la educación pública requiere también garantizar:
- Financiación sostenible
- Bienestar universitario
- Calidad docente
- Investigación
- Conectividad tecnológica
- Políticas de permanencia estudiantil
La infraestructura física es fundamental, pero debe estar acompañada de condiciones integrales que permitan a los estudiantes ingresar, permanecer y culminar exitosamente sus procesos formativos.
En el caso de Soledad, la expectativa ciudadana frente al nuevo campus universitario también se relaciona con el impacto urbano y social que puede generar en la zona. Las universidades suelen convertirse en centros de encuentro, circulación cultural y dinamización territorial, fortaleciendo además procesos de identidad y apropiación comunitaria.
Desde los medios alternativos y comunitarios resulta fundamental realizar seguimiento permanente a este tipo de proyectos públicos, promoviendo transparencia, acceso a información clara y participación ciudadana en torno a inversiones estratégicas para las regiones.
En tiempos donde la desinformación y las percepciones parciales circulan rápidamente en plataformas digitales, el periodismo independiente cumple una función esencial al contextualizar las obras públicas y analizar sus impactos sociales de largo plazo.
La nueva sede de la Universidad del Atlántico en Soledad simboliza hoy mucho más que una construcción universitaria. Representa una apuesta por ampliar derechos, democratizar el acceso al conocimiento y ofrecer nuevas oportunidades para miles de jóvenes del Caribe colombiano.
En una sociedad profundamente desigual, fortalecer la educación superior pública sigue siendo una de las herramientas más poderosas para construir inclusión, desarrollo regional y transformación social.
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Educación pública y desarrollo regional
“Avanza el nuevo campus del Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional en El Espinal”
Por Panal Medios
Red de Medios Alternativos y Comunitarios
Mayo, 2026
En una región donde históricamente el acceso a la educación superior ha estado condicionado por desigualdades territoriales, limitaciones económicas y centralización institucional, el avance del nuevo proyecto de infraestructura del Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional representa una apuesta estratégica para fortalecer la educación pública y ampliar oportunidades para cientos de jóvenes del suroriente del Tolima y municipios vecinos.
El Ministerio de Educación Nacional informó recientemente que el proyecto, desarrollado con asistencia técnica de Findeter, avanza conforme a los cronogramas establecidos y actualmente se encuentra en etapa de obra. Según lo previsto contractualmente, la entrega definitiva de la infraestructura está programada para el año 2027, dentro de un plazo de ejecución de 28 meses.
La iniciativa constituye una de las inversiones más importantes en infraestructura de educación superior pública realizadas en los últimos años en esta zona del país. Con recursos que ya superan los 30 mil millones de pesos, el nuevo edificio académico busca responder a las crecientes necesidades de cobertura educativa y fortalecimiento institucional en una región donde miles de jóvenes enfrentan dificultades para acceder a estudios técnicos y tecnológicos de calidad.
La obra contempla la construcción de un moderno edificio de cuatro pisos y más de 5.000 metros cuadrados, que incluirá 19 aulas de clase, sala múltiple, espacios para docentes, zonas comunes y baterías sanitarias. Se estima que cerca de 900 estudiantes serán beneficiados directamente con esta infraestructura, ampliando significativamente la capacidad educativa del instituto.
Más allá de las cifras, el proyecto simboliza una discusión de fondo sobre el papel de la educación pública como herramienta de transformación social y desarrollo territorial. Durante décadas, numerosas regiones intermedias de Colombia han enfrentado un rezago histórico en infraestructura universitaria y tecnológica, obligando a miles de jóvenes a desplazarse hacia grandes ciudades o abandonar sus aspiraciones educativas por falta de oportunidades cercanas.
En municipios como El Espinal, la ampliación de la oferta educativa superior no solo tiene impacto académico, sino también económico, cultural y social. La presencia de instituciones fortalecidas contribuye a dinamizar economías locales, promover formación de talento regional y generar nuevas posibilidades de movilidad social para las comunidades.
El Ministerio de Educación también aclaró aspectos relacionados con los ajustes presupuestales realizados durante la etapa de estudios y diseños. Según explicó la entidad, el valor inicial del proyecto debió actualizarse luego de identificarse condiciones específicas del terreno y afectaciones relacionadas con redes del acueducto municipal, factores que obligaron a modificar componentes estructurales de la obra.
Estas modificaciones, lejos de representar irregularidades excepcionales, hacen parte de los procesos técnicos normales en proyectos de infraestructura de gran escala. La actualización de diseños y especificaciones busca precisamente garantizar condiciones de seguridad, viabilidad y durabilidad en las construcciones públicas, protegiendo tanto los recursos del Estado como la integridad futura de la infraestructura.
En Colombia, numerosos proyectos públicos han enfrentado históricamente dificultades por deficiencias en estudios previos o falta de adaptación a condiciones reales del terreno. Por ello, expertos en infraestructura coinciden en que la revisión técnica permanente resulta fundamental para evitar riesgos estructurales y sobrecostos posteriores mucho más graves.
Desde Panal Medios consideramos que este tipo de inversiones deben analizarse desde una perspectiva integral. La construcción de infraestructura educativa no puede reducirse únicamente a indicadores físicos o presupuestales; representa una apuesta política y social por democratizar el acceso al conocimiento y fortalecer capacidades regionales.
En territorios donde amplios sectores juveniles enfrentan precariedad laboral, desigualdad y escasas oportunidades educativas, la expansión de la educación superior pública constituye un componente esencial para construir alternativas de desarrollo y reducir brechas históricas.
El nuevo edificio académico del Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional permitirá además fortalecer procesos de formación técnica y tecnológica orientados a responder a necesidades productivas y sociales del territorio. Esto resulta especialmente relevante en regiones donde sectores agrícolas, comerciales y de servicios requieren mayor articulación con procesos educativos y científicos.
La iniciativa forma parte de un programa más amplio impulsado por el Gobierno nacional en alianza con Findeter, que contempla la ejecución de 42 proyectos de infraestructura educativa en 20 departamentos del país. La inversión global asciende a cerca de 745 mil millones de pesos, considerada una de las apuestas más importantes de los últimos años para fortalecer la educación superior pública en Colombia.
Este esfuerzo refleja también una visión orientada a descentralizar las oportunidades educativas y reducir la concentración histórica de infraestructura universitaria en grandes capitales. Para muchos jóvenes de municipios intermedios y rurales, acceder a instituciones cercanas puede significar la diferencia entre continuar estudios superiores o quedar excluidos del sistema educativo.
Sin embargo, distintos sectores académicos y sociales han señalado que la infraestructura debe estar acompañada de políticas integrales de fortalecimiento educativo. Entre ellas:
• ampliación de cobertura financiera
• fortalecimiento docente
• inversión en investigación
• bienestar estudiantil
• conectividad tecnológica
• y sostenibilidad presupuestal institucional
La calidad educativa no depende únicamente de edificios modernos, aunque estos constituyen una condición fundamental para desarrollar procesos académicos dignos y adecuados.
Asimismo, el seguimiento ciudadano sobre la ejecución de este tipo de obras resulta indispensable para garantizar transparencia y cumplimiento de los cronogramas establecidos. La vigilancia social y periodística cumple un papel clave en la protección de los recursos públicos y en la consolidación de proyectos estratégicos para las regiones.
La expectativa en El Espinal y municipios vecinos gira hoy alrededor de las oportunidades que este nuevo campus podrá ofrecer a futuras generaciones de estudiantes del Tolima y Cundinamarca. Para muchas familias, la posibilidad de acceder a educación técnica y tecnológica pública cercana representa una herramienta concreta para transformar proyectos de vida y fortalecer procesos de desarrollo regional.
En un país donde las desigualdades educativas continúan marcando profundas diferencias territoriales, avanzar en infraestructura pública para la educación superior significa también avanzar en equidad, inclusión y construcción de futuro para miles de jóvenes colombianos.
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Turbaná le apuesta al deporte y la convivencia
"Inicia construcción de parque recreodeportivo integral"
Por Panal Medios
Red de Medios Alternativos y Comunitarios
Mayo, 2026
En medio de los desafíos sociales y económicos que enfrentan muchos municipios del Caribe colombiano, el inicio de la construcción de un parque recreodeportivo integral en el municipio de Turbaná representa una apuesta concreta por el fortalecimiento del tejido social, la convivencia comunitaria y el acceso digno a espacios públicos de calidad.
La obra, impulsada por el Gobierno nacional a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y ejecutada con el acompañamiento técnico y social de Findeter, contará con una inversión superior a los 2.200 millones de pesos y busca convertirse en un escenario para el encuentro ciudadano, la práctica deportiva, las actividades culturales y el disfrute del tiempo libre.
El proyecto fue socializado recientemente con la comunidad de Turbaná, en un ejercicio de participación territorial que permitió presentar el alcance de la obra y dialogar con líderes sociales, habitantes y sectores comunitarios sobre la importancia de recuperar y fortalecer los espacios públicos como escenarios de integración y construcción de paz.
Más allá de la infraestructura física, esta iniciativa pone sobre la mesa una discusión fundamental para los territorios colombianos: el papel del espacio público en la reconstrucción del tejido social. En municipios donde históricamente han existido limitaciones en inversión deportiva y recreativa, la construcción de escenarios comunitarios puede convertirse en una herramienta de transformación social, especialmente para niños, jóvenes y familias.
El nuevo parque recreodeportivo integral estará diseñado para albergar actividades deportivas, recreativas y culturales, promoviendo dinámicas de convivencia pacífica e inclusión social. Este tipo de espacios no solo permiten el desarrollo de prácticas saludables y comunitarias, sino que también funcionan como puntos de encuentro que fortalecen la identidad colectiva y la apropiación del territorio.
Desde Panal Medios consideramos que las inversiones en infraestructura social deben entenderse como procesos integrales y no únicamente como obras físicas. Un parque, una cancha o un escenario comunitario adquieren verdadero valor cuando se convierten en espacios vivos para la participación ciudadana, el diálogo intergeneracional y la construcción de ciudadanía.
En regiones como Bolívar, donde muchas comunidades enfrentan dificultades asociadas a la desigualdad, el desempleo juvenil y la limitada oferta de espacios culturales y recreativos, proyectos como este representan oportunidades concretas para dinamizar la vida comunitaria y fortalecer procesos organizativos locales.
La presencia de Findeter en el territorio también refleja el papel que viene desempeñando la banca de desarrollo en la ejecución de proyectos orientados al bienestar social y al fortalecimiento de las capacidades locales. Además del acompañamiento técnico, la entidad ha desarrollado procesos de socialización comunitaria que buscan garantizar que la población conozca y participe en el desarrollo de las obras.
Uno de los elementos más importantes de este proyecto es su enfoque hacia la convivencia pacífica. En un país que continúa enfrentando profundas fracturas sociales y territoriales, el deporte y la cultura emergen como herramientas fundamentales para prevenir violencias, promover la inclusión y generar escenarios de encuentro entre comunidades.
Diversos estudios y experiencias comunitarias han demostrado que los espacios deportivos y recreativos pueden contribuir significativamente a disminuir factores de riesgo asociados a violencia juvenil, consumo de sustancias psicoactivas y exclusión social. Además, fomentan valores como el trabajo colectivo, el respeto, la disciplina y la solidaridad.
La construcción de este parque también se inscribe dentro de una visión más amplia sobre el derecho a la ciudad y al espacio público. Durante décadas, muchos municipios intermedios y pequeños en Colombia han carecido de infraestructura adecuada para el desarrollo de actividades culturales y deportivas, generando inequidades frente a grandes centros urbanos.
Por ello, la inversión pública en escenarios recreativos y comunitarios no debe verse como un gasto secundario, sino como una estrategia de desarrollo humano y cohesión social. El acceso al deporte, la recreación y la cultura forma parte de las condiciones necesarias para construir territorios más equitativos y saludables.
En Turbaná, la expectativa de la comunidad gira en torno a que este nuevo espacio se convierta en un punto de referencia para las familias, los jóvenes y las organizaciones sociales del municipio. La apropiación comunitaria será determinante para garantizar la sostenibilidad y el impacto social de la obra a largo plazo.
Asimismo, líderes locales han señalado la importancia de que este tipo de proyectos estén acompañados de programas permanentes de formación deportiva, actividades culturales y procesos comunitarios que permitan activar continuamente el espacio y fortalecer la participación ciudadana.
Desde los medios alternativos y comunitarios resulta fundamental hacer seguimiento a este tipo de iniciativas públicas, no solo para informar sobre su ejecución, sino también para visibilizar las transformaciones sociales que pueden surgir alrededor de estos escenarios. La infraestructura social cobra sentido cuando mejora efectivamente la vida de las comunidades y fortalece las relaciones humanas en los territorios.
La construcción del parque recreodeportivo integral en Turbaná representa, en ese sentido, una oportunidad para avanzar hacia un modelo de desarrollo territorial donde el bienestar colectivo, la convivencia y la participación comunitaria ocupen un lugar central.
En tiempos donde muchas comunidades reclaman mayores oportunidades para la juventud y más espacios de integración social, este proyecto simboliza una apuesta por el encuentro ciudadano y por la recuperación del espacio público como escenario para construir comunidad, cultura de paz y esperanza colectiva en el Caribe colombiano.
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Cooperación internacional y desarrollo territorial
“KfW y Findeter fortalecen inversiones sostenibles en Colombia”
Por Panal Medios
Red de Medios Alternativos y Comunitarios
Mayo, 2026
En un contexto global marcado por la crisis climática, la desigualdad territorial y la necesidad urgente de fortalecer los servicios públicos esenciales, Colombia continúa consolidando alianzas internacionales orientadas al desarrollo sostenible. En ese escenario, la reciente visita de una delegación del Banco de Desarrollo Alemán KfW a la Banca de Desarrollo Territorial, Findeter, representa un paso significativo en la consolidación de proyectos ambientales y de infraestructura que impactan directamente la vida de millones de personas en el país.
La misión fue encabezada por Esther Gravenkötter, quien lideró la revisión técnica y estratégica del Programa de Protección Ambiental Municipal en sus fases I y II, una iniciativa conjunta entre el Banco de Desarrollo Alemán y Findeter que ha permitido canalizar recursos para proyectos de agua potable, saneamiento básico y gestión integral de residuos sólidos en distintos territorios nacionales.
Durante cinco días de trabajo, mesas técnicas y recorridos institucionales, Findeter presentó los principales avances de este programa, que ya ha movilizado más de 100 millones de dólares en inversiones dirigidas a 22 municipios colombianos, principalmente de categorías 4, 5 y 6. Se trata de territorios históricamente golpeados por limitaciones presupuestales y brechas estructurales en materia de infraestructura pública, donde el acceso al agua potable y a sistemas adecuados de saneamiento continúa siendo un desafío cotidiano.
Más allá de las cifras, el programa refleja una apuesta por una visión del desarrollo que prioriza la sostenibilidad ambiental y la equidad territorial. Cerca de cinco millones de habitantes han resultado beneficiados directa o indirectamente con estas inversiones, mejorando sus condiciones sanitarias, reduciendo riesgos ambientales y fortaleciendo capacidades locales para la gestión de servicios públicos.
La alianza entre KfW y Findeter también pone sobre la mesa la importancia de la cooperación internacional como mecanismo para impulsar procesos de transformación territorial. En un país donde las desigualdades regionales persisten, este tipo de iniciativas permiten que municipios pequeños y medianos accedan a financiación de largo plazo y asistencia técnica especializada, condiciones que muchas veces son inaccesibles en el sistema financiero convencional.
Uno de los aspectos más relevantes del programa es su enfoque ambiental. Los proyectos financiados no solo buscan ampliar cobertura de servicios básicos, sino también responder a retos asociados con el cambio climático, la protección de fuentes hídricas y el manejo adecuado de residuos sólidos. Esto implica avanzar hacia modelos de desarrollo más resilientes y sostenibles, particularmente en zonas donde la presión sobre los ecosistemas es creciente.
Desde Panal Medios consideramos que este tipo de procesos deben ser observados no únicamente desde la perspectiva económica, sino también desde su dimensión social y comunitaria. El acceso al agua potable y al saneamiento digno constituye un derecho fundamental que impacta directamente la salud pública, la educación, la productividad y la calidad de vida de las comunidades.
En muchos municipios colombianos, especialmente rurales y periféricos, las deficiencias en infraestructura ambiental continúan afectando de manera desproporcionada a poblaciones vulnerables. Por ello, resulta estratégico que entidades como Findeter orienten esfuerzos hacia proyectos que articulen desarrollo territorial, sostenibilidad y bienestar social.
La visita de la delegación alemana también evidencia la confianza internacional en la capacidad institucional colombiana para gestionar programas de alto impacto social y ambiental. KfW, reconocido como uno de los bancos de desarrollo más importantes de Europa, ha mantenido una relación de cooperación con Colombia en diversos frentes relacionados con transición energética, infraestructura sostenible y protección ambiental.
El fortalecimiento de estas alianzas cobra aún más relevancia en el actual contexto latinoamericano, donde los gobiernos locales enfrentan crecientes desafíos fiscales y climáticos. En ese sentido, la banca de desarrollo emerge como un actor fundamental para impulsar proyectos que difícilmente podrían ejecutarse únicamente con recursos propios municipales.
Asimismo, el programa deja una reflexión de fondo sobre la necesidad de consolidar políticas públicas de largo plazo orientadas a cerrar las brechas históricas entre centros urbanos y territorios periféricos. La sostenibilidad no puede entenderse únicamente como un discurso ambiental; implica garantizar condiciones dignas de vida para las comunidades y fortalecer capacidades institucionales locales.
Los resultados presentados durante esta misión demuestran que la articulación entre cooperación internacional, banca pública y gobiernos territoriales puede traducirse en transformaciones concretas para miles de familias. Sin embargo, los retos siguen siendo enormes. Colombia requiere ampliar la cobertura de agua potable, modernizar sistemas de tratamiento de residuos y fortalecer la gestión ambiental municipal en centenares de territorios.
Desde las comunidades y medios alternativos también resulta fundamental mantener seguimiento ciudadano sobre estos procesos, promoviendo transparencia, participación social y control comunitario sobre las inversiones públicas y los proyectos de infraestructura.
La sostenibilidad territorial no depende únicamente de grandes recursos financieros, sino también de la capacidad de construir modelos de desarrollo incluyentes, participativos y ambientalmente responsables. En ese camino, alianzas como la de KfW y Findeter muestran que la cooperación internacional puede convertirse en una herramienta estratégica para fortalecer los territorios y mejorar la vida de millones de colombianos.
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Buenaventura recupera un espacio para el deporte y la vida
Por Panal Medios
Red de Medios Alternativos y Comunitarios
Mayo, 2026
La tarde cae lentamente sobre Buenaventura. El aire húmedo del Pacífico atraviesa las calles del barrio El Ruiz mientras un grupo de niños corre detrás de un balón en una cancha que, hasta hace poco, permanecía deteriorada y silenciosa. Las graderías recién cubiertas resguardan ahora a madres, abuelos y vecinos que observan el partido improvisado como si asistieran a la recuperación de algo más profundo que un escenario deportivo: la posibilidad de volver a encontrarse como comunidad.
En un territorio marcado durante décadas por el conflicto armado, la pobreza y el abandono institucional, la entrega del mejoramiento del escenario deportivo del “Barrio El Ruiz” se convirtió en una jornada cargada de simbolismo. No fue únicamente la inauguración de una obra pública; fue también una escena de reapropiación del espacio colectivo y de reconstrucción de la confianza comunitaria.
La intervención fue realizada por el Fondo de Programas Especiales para la Paz de la Presidencia de la República, con acompañamiento técnico y social de Findeter, como parte de las apuestas del gobierno del presidente Gustavo Petro por consolidar procesos de paz territorial en las regiones más golpeadas por la violencia.
En “El Ruiz”, los habitantes recuerdan que durante años la cancha permaneció en condiciones precarias. Las lluvias inundaban el lugar, la iluminación era insuficiente y el deterioro alejaba progresivamente a la comunidad. Sin embargo, la memoria del barrio sigue vinculada a ese espacio: allí crecieron generaciones enteras entre campeonatos barriales, encuentros culturales y celebraciones populares.
Por eso, cuando comenzaron las obras, muchos vecinos siguieron de cerca cada avance. La inversión, superior a los 699 millones de pesos, permitió la construcción de una cubierta para las graderías, instalación del sistema de evacuación de aguas lluvias, nuevas luminarias y cerramiento de la cancha con malla de protección.
“Esta intervención no solo dignifica el territorio, sino que fortalece la convivencia ciudadana y el sentido de pertenencia, transformando un espacio físico en un motor de esperanza institucional y cohesión comunitaria”, expresó José Luis Rendón, supervisor técnico de Fondo Paz, durante el acto de entrega.
Pero más allá de las declaraciones oficiales, la transformación se percibe en las pequeñas escenas cotidianas. Un grupo de adolescentes organiza ya los próximos torneos; varias madres comentan la tranquilidad de contar nuevamente con un espacio seguro para sus hijos; los líderes comunitarios hablan de impulsar actividades culturales y jornadas juveniles alrededor de la cancha renovada.
“Con esta obra no solo entregamos una cancha, entregamos oportunidades. Hoy niños, jóvenes y familias cuentan con un espacio seguro para encontrarse, compartir y construir un mejor futuro”, señaló Carlos Alberto Saad Llinás, presidente de Findeter.
Cerca de 500 habitantes serán beneficiados directamente con este proyecto. Sin embargo, en Buenaventura las cifras rara vez alcanzan a explicar la dimensión humana de estos procesos. Aquí, donde muchas comunidades han resistido entre el miedo, la exclusión y las heridas sociales, recuperar un escenario deportivo significa abrir un lugar para la convivencia y para la esperanza.
Mientras avanza la noche y las luminarias recién instaladas iluminan el barrio, la cancha vuelve a llenarse de voces y movimiento. El balón rueda una vez más sobre el cemento nuevo y, por un instante, el sonido del juego parece imponerse sobre los ecos de la violencia que durante años acompañaron a la ciudad puerto.
En “El Ruiz”, la comunidad sabe que una cancha no resuelve todos los problemas de Buenaventura. Pero también entiende que la paz empieza muchas veces en escenarios sencillos: una gradería llena, un partido entre vecinos, un niño jugando sin miedo y un barrio que vuelve a reconocerse en lo colectivo.
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Escuelas junto al manglar
"La transformación silenciosa de la educación rural en la costa pacífica de Nariño"
Por Panal Medios
Red de Medios Alternativos y Comunitarios Panal Medios
Mayo, 2026
En las zonas rurales de La Tola y Santa Bárbara, donde los caminos suelen abrirse entre ríos, manglares y trochas húmedas del Pacífico nariñense, la escuela representa mucho más que un lugar para aprender a leer y escribir. Para muchas comunidades afrodescendientes y campesinas, la sede educativa es también comedor comunitario, refugio en temporadas de lluvia y uno de los pocos espacios de encuentro colectivo que permanecen activos en territorios históricamente golpeados por la pobreza, el aislamiento y el abandono estatal.
Por eso, cuando las nuevas obras de infraestructura comenzaron a entregarse en varias sedes rurales de estos municipios, la noticia fue recibida como una transformación concreta de la vida cotidiana.
El Ministerio de Educación Nacional, en articulación con Findeter, entregó cinco nuevos proyectos de mejoramiento de infraestructura educativa que benefician a 88 estudiantes de zonas rurales del departamento de Nariño. Las intervenciones hacen parte de la estrategia nacional para reducir brechas históricas de acceso y calidad educativa en territorios apartados del país.
La inversión superó los 1.097 millones de pesos e incluyó adecuaciones de aulas, cubiertas, cocinas, comedores escolares, baterías sanitarias, instalaciones eléctricas, redes hidrosanitarias y mejoramiento de espacios exteriores.
En La Tola, una de las instituciones beneficiadas fue la Institución Educativa Agropecuaria y Ambiental Arca de Noé, sede Guillermo Zarama. Allí, docentes y familias recuerdan cómo durante años las lluvias afectaban el funcionamiento de las instalaciones y limitaban las condiciones de permanencia escolar.
En las zonas rurales del Pacífico, donde las precipitaciones son permanentes y la humedad atraviesa las construcciones, muchas escuelas sobreviven entre techos deteriorados, filtraciones y espacios insuficientes para atender a los estudiantes. La precariedad de la infraestructura ha sido durante décadas una de las expresiones más visibles de las desigualdades territoriales.
En Santa Bárbara, las obras llegaron a cuatro sedes educativas: Santa Rosa y La Peñita, pertenecientes a la Institución Educativa Santa Rita; y Chanzará Las Peñas y Las Varas, adscritas a la Institución Educativa Soledad Pueblito.
Aunque las cifras oficiales hablan de decenas de estudiantes beneficiados, en estas comunidades las escuelas tienen un impacto mucho más amplio. En muchos casos, son los únicos espacios públicos adecuados en veredas apartadas donde la presencia institucional sigue siendo limitada.
Las nuevas sedes entregadas se suman a otras seis instituciones educativas intervenidas y entregadas en diciembre de 2025 en los municipios de Mosquera y La Tola. Entre ellas se encuentran las sedes El Secadero, Poija, Centro Educativo Las Torres, El Pueblito, Nerete y la sede principal de la Institución Educativa Agropecuaria Cocal de los Payanes.
En total, once sedes educativas han sido mejoradas en esta región del Pacífico nariñense mediante inversiones superiores a los 2.628 millones de pesos, beneficiando a 247 estudiantes.
Pero en territorios donde históricamente estudiar ha significado enfrentar largas distancias, infraestructura precaria y ausencia estatal, las obras adquieren un significado que va más allá de la construcción física.
Las comunidades educativas hablan de dignidad. De la posibilidad de cocinar alimentos en condiciones adecuadas para los niños. De tener baños funcionales. De evitar que las lluvias interrumpan las clases. De ofrecer espacios más seguros para la permanencia escolar.
En las riberas y veredas del Pacífico nariñense, donde el abandono estatal se ha acumulado durante generaciones, pequeñas transformaciones como una cubierta nueva o un comedor escolar remodelado terminan modificando profundamente la relación de las comunidades con la educación pública.
Las entregas hacen parte de la política impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro para fortalecer la infraestructura educativa rural y garantizar que el acceso a la educación no dependa del lugar donde nace un estudiante.
Mientras cae la tarde sobre los manglares y los niños abandonan las aulas recién intervenidas, las comunidades saben que los desafíos siguen siendo enormes. Sin embargo, en estas veredas del Pacífico, donde durante años las escuelas resistieron entre el deterioro y el olvido, cada mejora representa también una señal de permanencia, cuidado y esperanza colectiva.
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Findeter desembolsó $16,6 billones para financiar 2.220 proyectos en 773 municipios del país
Por Panal Medios
Red de medios alternativos y comunitarios
Mayo, 2026
El presidente de la Banca de Desarrollo Territorial, Findeter, Carlos Alberto Saad Llinás, presentó el balance de gestión de la entidad entre el 7 de agosto de 2022 y el 31 de marzo de 2026, período durante el cual se desembolsaron $16,6 billones para financiar 2.220 proyectos que impactaron a 773 municipios de 30 departamentos y Bogotá.
De acuerdo con el informe presentado por la entidad, los recursos fueron dirigidos principalmente a municipios de categorías 3, 4, 5 y 6, es decir, territorios con mayores necesidades básicas insatisfechas. En total, 708 municipios —equivalentes al 92 % de los territorios beneficiados— recibieron financiación para 865 proyectos.
Los desembolsos se concentraron en sectores estratégicos para el desarrollo regional como energía (32,5 %), desarrollo urbano y vivienda (18,3 %), transporte (13,5 %), saneamiento fiscal (10 %), salud (8,4 %), agua potable y saneamiento básico (8 %), educación (3,7 %) y otros sectores (5,7 %).
“Findeter como banca de desarrollo ha priorizado la inversión en los territorios a los que antes no llegaban los recursos. Hoy en día, de la mano del Gobierno Nacional hemos desembolsado más de $16,6 billones para financiar proyectos en sectores clave para el desarrollo como eficiencia energética, salud, educación, vivienda, transporte entre otros”, afirmó Carlos Alberto Saad, presidente de Findeter.
Solo durante el primer trimestre de 2026, la entidad desembolsó más de $1,42 billones para financiar 244 proyectos en 428 municipios de 27 departamentos, incluyendo Bogotá, con iniciativas orientadas al cierre de brechas sociales y económicas en las regiones.
Entre los proyectos destacados financiados en este periodo se encuentran el proyecto solar fotovoltaico Doña Juana en La Dorada y el proyecto solar fotovoltaico San Francisco en Palestina, considerado el primer parque solar de la Central Hidroeléctrica de Caldas y una apuesta regional por la transición energética.
Asimismo, se destacan obras como el mejoramiento vial entre los centros poblados La Estación y Palenquillo, en la zona rural de Gamarra; la recuperación ambiental del ecoparque Corazón de Pance en Cali; la construcción de la sede de la Institución Educativa Técnica Comercial Litecom en Jamundí, que beneficiará a más de 2.000 estudiantes; y el parque metropolitano Alma Viva en Villavicencio.
En el sector salud, Findeter financió la terminación de la torre materno infantil y de alta complejidad de la E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo en Neiva. En vivienda, la entidad apoyó la financiación de 13.848 unidades habitacionales en 230 municipios del país, entre ellos El Carmen de Bolívar, Arcabuco, Belén, Sopetrán y Yolombó.
En Bogotá, la entidad financió para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado el macroproyecto de rehabilitación de la línea Tibitoc-Casablanca tramo 3. También apoyó la construcción de la infraestructura de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Villanueva, en Bolívar, y la financiación de 87 proyectos para la red hospitalaria de Cundinamarca.
Más de 900 proyectos ejecutados en territorios
Durante el cuatrienio, Findeter ejecutó 941 proyectos en 559 municipios del país, administrando recursos por $6,1 billones en iniciativas desarrolladas junto a ministerios, entidades nacionales y gobiernos territoriales.
Entre los proyectos en ejecución sobresalen los 82 puntos de abastecimiento solidario impulsados por el programa Hambre Cero del Gobierno nacional, orientados a fortalecer la comercialización de productos locales y la seguridad alimentaria.
Igualmente, avanzan 41 proyectos de infraestructura universitaria en 16 departamentos, promovidos por el Ministerio de Educación Nacional, que buscan ampliar cupos y fortalecer las condiciones estructurales de la educación superior pública.
La entidad también ha fortalecido la economía popular mediante convenios solidarios para la ejecución de proyectos con comunidades indígenas, rurales y juntas de acción comunal.
En articulación con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se desarrollaron cinco proyectos de pozos y molinos, mientras que con el Ministerio del Interior se ejecutan iniciativas como el Banco de Proyectos 1, que incluye 708 proyectos; los Bancos de Proyectos 2 y 3, con 715 iniciativas; y proyectos dirigidos a comunidades indígenas Pastos y Quillacingas en Nariño.
Perspectivas para 2026
Findeter anunció que continuará ampliando su presencia en regiones históricamente excluidas de la financiación pública y fortalecerá su participación en proyectos relacionados con adaptación y mitigación del cambio climático.
Además, la entidad proyecta incrementar sus desembolsos para apoyar sectores estratégicos priorizados por el Gobierno nacional y avanzar en la entrega de 181 proyectos de asistencia técnica en diferentes territorios del país.
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Entre montañas y caminos ancestrales
“Los pueblos Pastos y Quillacingas fortalecen su territorio desde la autonomía”
Por Panal Medios
Red de Medios Alternativos y Comunitarios Panal Medios
Mayo, 2026
En las frías montañas del sur de Nariño, donde la neblina cubre lentamente los caminos rurales y los cultivos se extienden entre páramos y laderas, las comunidades indígenas Pastos y Quillacingas llevan siglos resistiendo desde el territorio. Allí, en medio de vías difíciles, economías campesinas e historias atravesadas por el abandono estatal, las transformaciones recientes no solo se miden en concreto, maquinaria o infraestructura: también se reflejan en la posibilidad de fortalecer el gobierno propio y preservar la memoria ancestral.
En 31 resguardos indígenas del departamento avanzan actualmente 42 proyectos impulsados por el Gobierno nacional, a través del Ministerio del Interior, con apoyo técnico de Findeter. La inversión supera los 33.378 millones de pesos y beneficia a más de 110.000 integrantes de los pueblos Pastos y Quillacingas.
Sin embargo, para las comunidades, el verdadero significado de estas intervenciones no se encuentra únicamente en las cifras oficiales. Está en los caminos que dejaron de ser barrizales imposibles; en las casas de pensamiento donde continúa transmitiéndose la palabra ancestral; en las mujeres indígenas que fortalecen sus espacios de participación; y en los procesos comunitarios que buscan sostener la vida colectiva desde la autonomía territorial.
En el resguardo indígena de Muellamués, como en otros territorios del Nudo de los Pastos, las dificultades para transportar productos agrícolas marcaron durante años la economía de las familias campesinas e indígenas. Las motos se dañaban en los trayectos, las mulas seguían siendo indispensables y buena parte de las ganancias terminaba invertida en sobrevivir a las malas condiciones de las vías.
“La vida nos cambió radicalmente. Antes teníamos que transportar los productos agrícolas hasta los centros poblados a lomo de mula o en moto, y la tercera parte de nuestras ganancias se iba en la reparación del motor de la moto por las grandes pendientes y barrizales que debíamos cruzar”, cuenta el Taita Teófilo Norberto Moreno, representante legal de la Asociación de Cabildos y Autoridades Indígenas del Nudo de los Pastos Shaquiñan.
A través de la línea de fortalecimiento vial, se han invertido más de 10.149 millones de pesos en la construcción de 11 placas huella que suman 3.155 metros lineales y benefician a comunidades indígenas de Cumbal, Guachucal, Ipiales, Aldana, Funes y otros municipios del sur del departamento.
Las obras buscan mejorar la conectividad rural y facilitar la comercialización de productos agrícolas en zonas históricamente afectadas por el aislamiento geográfico.
En otros territorios, las transformaciones llegan a través de la maquinaria amarilla y verde entregada para el mantenimiento de vías terciarias. Comunidades indígenas de Guachavés, Colimba, Túquerres, Mallama y Yascual ahora cuentan con equipos que permiten intervenir carreteras rurales y fortalecer la movilidad entre resguardos y cabeceras municipales.
Pero quizás uno de los procesos más significativos para las comunidades indígenas se desarrolla en las casas de pensamiento y cultura.
En municipios como Pasto, Santa Cruz e Ipiales, nueve casas de pensamiento y dos escenarios deportivos fueron intervenidos y dotados con inversiones cercanas a los 9.060 millones de pesos.
Lejos de ser simples edificaciones comunitarias, estos espacios representan el núcleo espiritual, político y cultural de los pueblos originarios. Allí se realizan encuentros comunitarios, procesos de educación propia, armonización espiritual y transmisión de saberes ancestrales entre mayores y jóvenes.
“La intervención de estos centros nos ha dado un soporte para seguir fortaleciendo nuestros procesos de educación, cultura y gobernabilidad”, explica el Taita Efrén Achicanoy, del resguardo indígena Obonuco del pueblo Quillacinga.
La apuesta institucional también incluye proyectos dirigidos al fortalecimiento del gobierno propio, la armonía y el equilibrio territorial. Cinco resguardos han sido beneficiados mediante iniciativas orientadas a consolidar sus sistemas de autonomía y preservar su identidad cultural desde sus propias cosmovisiones.
Al mismo tiempo, tres proyectos enfocados en las mujeres Warmi buscan fortalecer su participación política y social dentro de las dinámicas organizativas de las comunidades indígenas, promoviendo procesos de liderazgo, autonomía y gobernanza territorial.
En zonas rurales de Córdoba, Cumbal y Pasto, la línea de desarrollo productivo ha permitido la entrega de insumos agropecuarios, así como crías de bovinos, porcinos y cuyes, fortaleciendo economías familiares y comunitarias que siguen siendo fundamentales para la sostenibilidad de los resguardos.
Las inversiones hacen parte de los compromisos establecidos en la Mesa Regional Permanente de Concertación creada mediante el decreto 2194 de 2013, incorporados posteriormente en el Plan Nacional de Desarrollo y ejecutados por el Ministerio del Interior a través de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rrom y Minorías.
Sin embargo, más allá de los programas estatales, las comunidades indígenas insisten en que el centro de estos procesos sigue siendo la defensa del territorio y de la vida colectiva.
En los páramos y montañas del sur de Nariño, donde los pueblos Pastos y Quillacingas han resistido durante generaciones, cada placa huella, cada casa de pensamiento y cada proyecto productivo adquiere un significado que trasciende la infraestructura. Son también formas de sostener la autonomía, preservar la memoria ancestral y reafirmar que el territorio continúa siendo el corazón de sus procesos comunitarios.
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Donde antes caía la lluvia sobre los pupitres, hoy se reconstruye la esperanza
Por Panal Medios
Red de Medios Alternativos y Comunitarios
Mayo, 2026
En las montañas de Apía, el sonido de la lluvia ya no obliga a suspender las clases. Durante años, en el Centro Educativo Jordania, los estudiantes aprendieron entre techos húmedos, filtraciones constantes y aulas que se inundaban cada invierno. Cuando el aguacero arreció, el agua atravesaba las cubiertas y terminaba filtrándose entre los pupitres mientras docentes y niños improvisaban cómo continuar la jornada escolar.
Las paredes recién intervenidas, los techos restaurados y las nuevas adecuaciones transformaron la escuela rural en un espacio más digno para decenas de niños campesinos que recorren largos caminos para estudiar. Lo que para algunos puede parecer únicamente una obra de infraestructura, para muchas comunidades rurales significa la recuperación de la confianza en la educación pública y en la presencia del Estado en territorios históricamente olvidados.
Como la escuela de Apía, cientos de sedes educativas en zonas rurales del país están siendo intervenidas por el Ministerio de Educación Nacional, con asistencia técnica de Findeter, a través de un programa que avanza en 632 proyectos de infraestructura educativa en 115 municipios de 25 departamentos de Colombia.
La inversión supera los 394.000 millones de pesos y tiene un dato que revela el verdadero alcance territorial de la estrategia: el 99 % de los proyectos se ejecuta en zonas rurales.
En veredas apartadas, resguardos indígenas y comunidades afrodescendientes donde históricamente la educación ha convivido con el abandono estatal, las obras buscan cerrar brechas acumuladas durante décadas. Hasta febrero de 2026, 345 proyectos ya habían sido entregados, equivalentes al 55 % del total; otros 157 permanecen en ejecución y 109 están próximos a iniciar.
Las intervenciones han permitido adecuar o construir 2.097 espacios educativos, entre aulas nuevas, áreas administrativas, cocinas, comedores y baterías sanitarias. Más de 64.400 estudiantes ya se benefician directamente de las sedes entregadas.
En Pueblo Rico, dentro de la Institución Educativa Indígena Técnica Agropecuaria Dachi Dada Kera, sede Sikuedo, la comunidad Emberá recuerda cómo el comedor escolar funcionaba en condiciones precarias. Cada temporada de lluvias convertía el espacio en una zona inundada y riesgosa para los estudiantes.
“Antes teníamos un comedor en muy malas condiciones que incluso corría el riesgo de cerrarse por no cumplir con los requisitos. Cuando llovía se inundaba y el espacio era muy pequeño para los estudiantes. Hoy contamos con instalaciones adecuadas que permiten brindar mejores condiciones para la alimentación y la educación de nuestros niños”, relata Ángela María Maya Maya, rectora de la institución.
En distintos territorios, las obras han llegado también a comunidades indígenas Awá, Emberá y Wayuu, así como a regiones golpeadas por el conflicto armado y por emergencias climáticas. En el Catatumbo, donde la violencia y la ausencia institucional han marcado la vida cotidiana durante décadas, varias sedes educativas comenzaron a ser recuperadas como parte de esta intervención nacional.
Lo mismo ocurre en zonas rurales de Cauca y en territorios afectados por las emergencias invernales en La Guajira, donde muchas escuelas funcionaban entre deterioro estructural y limitaciones básicas para garantizar condiciones adecuadas de aprendizaje.
“Nuestro compromiso como banca de desarrollo es contribuir al bienestar de las comunidades, cerrar brechas en las regiones y generar más oportunidades a través de educación digna y de calidad”, afirmó Carlos Saad Llinás, presidente de Findeter.
Pero en las zonas rurales, la transformación educativa no se mide únicamente en concreto o metros cuadrados construidos. Para muchas familias campesinas, indígenas y afrodescendientes, una escuela digna representa también la posibilidad de permanencia en el territorio, la reducción de desigualdades y la construcción de futuros distintos para las nuevas generaciones.
En numerosos municipios apartados, la escuela continúa siendo el principal espacio de encuentro comunitario, refugio cultural y centro de organización social. Por eso, cuando se mejora una sede educativa, no solo se reconstruyen aulas: también se fortalece el tejido social de comunidades enteras.
Al final de la jornada, mientras los estudiantes abandonan las nuevas instalaciones en medio del barro de los caminos rurales, queda la sensación de que estas obras representan algo más profundo que infraestructura pública. Allí donde antes las goteras caían sobre los cuadernos y los comedores amenazaban ruina, hoy comienzan lentamente a levantarse espacios para aprender con dignidad.
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Universidades en el territorio
“La apuesta que transforma regiones desde las aulas”
Por Panal Medios
Red de Medios Alternativos y Comunitarios
Mayo, 2026
En Tumaco, una joven observa cómo avanzan las obras de una nueva infraestructura universitaria mientras piensa que, quizás, ya no tendrá que abandonar su municipio para estudiar una carrera profesional. A cientos de kilómetros, en Guapi, líderes comunitarios hablan de lo que significará para los jóvenes del Pacífico contar con mayores oportunidades educativas sin migrar a las grandes capitales. En Sibundoy, docentes y estudiantes imaginan laboratorios modernos donde antes solo existían limitaciones presupuestales y abandono estatal.
Aunque separados por la geografía, estos territorios comparten una misma expectativa: que la educación superior pública deje de ser un privilegio concentrado en las grandes ciudades y se convierta en una posibilidad real para las regiones históricamente excluidas.
Con una inversión superior a los 701.850 millones de pesos, el Ministerio de Educación Nacional avanza en 41 proyectos estratégicos de infraestructura universitaria en 16 departamentos del país, bajo asistencia técnica de Findeter
. La apuesta incluye nuevas construcciones, ampliaciones, aulas modulares, estudios técnicos, modernización tecnológica y dotación académica, con ejecución proyectada hasta 2027.
Pero detrás de las cifras y los informes institucionales, el programa revela una discusión más profunda sobre el país: quiénes pueden acceder a la educación superior y desde dónde se construyen las oportunidades.
Durante décadas, miles de jóvenes de regiones apartadas tuvieron que abandonar sus municipios para estudiar —cuando podían hacerlo— o resignarse a que la educación universitaria fuera una posibilidad distante. La concentración histórica de universidades en grandes centros urbanos profundizó desigualdades territoriales y económicas que todavía marcan amplias zonas del país.
Por eso, la regionalización educativa impulsada durante el gobierno del presidente Gustavo Petro ha sido presentada como una estrategia para reducir brechas sociales, fortalecer economías locales y garantizar que los jóvenes puedan construir proyectos de vida en sus propios territorios.
Las obras avanzan en Valle del Cauca, Tolima, Santander, Putumayo, Nariño, Magdalena, La Guajira, Córdoba, Chocó, Cesar, Cauca, Casanare, Boyacá, Bolívar, Atlántico y Antioquia. Sin embargo, una de las características más significativas del programa es que muchas intervenciones no se concentran en las capitales departamentales, sino en municipios intermedios y subregionales como Mompós, Simití, Chaparral, Mariquita y Soledad.
En esos territorios, la llegada de infraestructura universitaria suele modificar dinámicas sociales y económicas completas. Las obras generan empleo local, dinamizan pequeños comercios y, sobre todo, construyen expectativas de permanencia para las nuevas generaciones.
El programa contempla 23 proyectos de construcción nueva, además de procesos de modernización tecnológica que incluyen aulas híbridas, laboratorios y fortalecimiento académico. Las inversiones individuales van desde los 300 millones de pesos en dotaciones y aulas modulares hasta proyectos estructurales que superan los 50.000 millones.
Actualmente, 27 proyectos se encuentran en ejecución con inversiones cercanas a los 464.967 millones de pesos; ocho ya fueron culminados; cuatro avanzan en procesos de selección o legalización y dos permanecen en fase de estructuración.
Sin embargo, en muchos municipios la discusión trasciende la infraestructura física. Líderes educativos y organizaciones sociales insisten en que ampliar la presencia universitaria pública implica también disputar décadas de centralismo y exclusión territorial.
En regiones golpeadas por el conflicto armado, la falta de acceso a educación superior ha estado históricamente ligada a economías ilegales, desplazamiento forzado y pobreza estructural. Por eso, la construcción de nuevas sedes universitarias aparece también como una apuesta por la permanencia juvenil y la transformación social.
Mientras las obras continúan avanzando entre concreto, acero y planos técnicos, en distintos rincones del país cientos de jóvenes comienzan a imaginar futuros que antes parecían demasiado lejanos. En pueblos donde durante años estudiar significó marcharse, la universidad empieza lentamente a llegar al territorio.
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Findeter destinó $4,2 billones al desarrollo territorial en 2025, con impacto directo en municipios históricamente rezagados
Panal Medios
Red de Medios Alternativos y Comunitarios
Febrero, 2026
Desde los territorios y para los territorios, la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) cerró el año 2025 con desembolsos por $4,2 billones, recursos que permitieron financiar 551 proyectos en 443 municipios de 27 departamentos y Bogotá, con un énfasis claro en las regiones con mayores necesidades sociales y menor capacidad fiscal.
De acuerdo con la información conocida, el 87 % de los municipios beneficiados pertenecen a las categorías 3, 4, 5 y 6, es decir, territorios históricamente marginados del acceso a financiación estructural y con altos retos en materia de desarrollo social, infraestructura y servicios básicos. Esta orientación se alinea con los sectores priorizados en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno del presidente Gustavo Petro, que busca cerrar brechas y fortalecer la justicia territorial.
Uno de los ejes más relevantes fue la línea de Vivienda Popular VIS–VIP, a través de la cual se desembolsaron $994.882 millones para la financiación de 4.320 unidades de vivienda en 184 municipios, de los cuales 127 corresponden a categorías con profundas desigualdades sociales. Este componente representa un avance concreto en el derecho a la vivienda digna para miles de familias en zonas urbanas y rurales.
En el marco de la transición energética justa, Findeter destinó $1,43 billones a proyectos de eficiencia energética en 120 municipios, 90 de ellos de categorías 3 a 6. Estos recursos respaldaron iniciativas orientadas a mejorar el acceso, la cobertura y la modernización energética, especialmente en regiones apartadas del país, donde la precariedad del servicio ha sido una constante.
Otro componente estratégico fue el fortalecimiento institucional, mediante el cual se desembolsaron $613.847 millones para apoyar a 165 entidades territoriales en procesos de saneamiento fiscal, modernización administrativa, fortalecimiento de la gestión pública y cumplimiento de sus planes de desarrollo. Esta línea resulta clave para garantizar gobiernos locales más sólidos y con mayor capacidad de respuesta a las necesidades comunitarias.
Durante 2025, Findeter también profundizó su trabajo con intermediarios financieros del sector solidario, como cooperativas, cajas de compensación, fondos de empleados y compañías de financiamiento. A través de estos actores se canalizaron $80.817 millones, con impacto en 83 municipios, principalmente en proyectos de desarrollo urbano y del sector minero-energético.
“El alcance de estas cifras demuestra una banca de desarrollo conectada con los desafíos reales del territorio y comprometida con el cierre de brechas en los municipios con mayores necesidades del país”, señaló Carlos Alberto Saad Llinás, presidente de Findeter.
Desde Panal Medios, red de medios alternativos y comunitarios, destacamos la importancia de que estos recursos lleguen efectivamente a los territorios, se traduzcan en mejoras reales para las comunidades y cuenten con seguimiento ciudadano y veeduría social. El fortalecimiento de la infraestructura social, el acceso a vivienda, la eficiencia energética y la gestión institucional son pilares fundamentales para avanzar hacia un modelo de desarrollo más justo, equitativo y con enfoque territorial.
Panal Medios continuará informando desde una mirada comunitaria y popular sobre el impacto real de estas inversiones en la vida cotidiana de las comunidades del país.
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CUANDO LA ESCUELA SE CUIDA, EL TERRITORIO FLORECE
"Comunidades del Chocó recuperan sus espacios educativos"
Panal Medios
Red de Comunicación Alternativa y Comunitaria
Febrero, 2026
En el Chocó, la escuela no es solo un lugar para aprender a leer y escribir. Es punto de encuentro, refugio frente a la lluvia, espacio de palabra y memoria, y, muchas veces, el corazón mismo de la comunidad. Por eso, cuando una escuela se cae a pedazos, no solo se deterioran las paredes: se resiente la esperanza colectiva. En contraste, cuando una institución educativa se fortalece, el territorio respira y la vida comunitaria encuentra nuevos caminos para florecer.
Más de 1.100 niñas, niños y jóvenes de los municipios de Bajo Baudó y Quibdó hoy vuelven a sus clases en espacios renovados, más seguros y dignos, luego de la entrega de obras de mejoramiento en cuatro sedes educativas del departamento. Estas intervenciones, realizadas con una inversión cercana a los $981 millones, llegan a zonas urbanas y rurales donde la educación ha resistido históricamente en medio del abandono, la precariedad y las difíciles condiciones climáticas.
Para muchas familias, madres comunitarias, docentes y liderazgos locales, estas obras significan algo muy concreto: aulas que ya no se inundan cuando llueve, techos que no filtran agua, baños que funcionan y comedores escolares donde la alimentación puede brindarse con mayor cuidado. Son cambios que, aunque puedan parecer pequeños desde afuera, transforman profundamente la cotidianidad de quienes habitan y sostienen la escuela día a día.
Bajo Baudó: escuelas que sostienen la vida comunitaria
En el municipio de Bajo Baudó (Pizarro), las obras se realizaron en tres sedes educativas fundamentales para la vida del territorio: la Institución Educativa Indígena Embera de Pizarro – sede principal, la Institución Educativa Francisco Pizarro – sede principal y la sede María Isabel Mosquera. En conjunto, estas intervenciones benefician a 987 estudiantes, en su mayoría niñas y niños pertenecientes a comunidades indígenas y afrodescendientes.
Las mejoras incluyeron la adecuación interior y exterior de las aulas, la reposición de cubiertas con canales y bajantes —una necesidad urgente en una región donde la lluvia acompaña casi todo el año—, el arreglo de pisos, la renovación de baterías sanitarias y la instalación de puertas y ventanas. También se modernizaron las redes eléctricas y los sistemas de iluminación, logrando que varios bloques quedaran completamente habilitados.
Para las comunidades, estas obras no solo representan infraestructura nueva, sino la posibilidad de enseñar y aprender con mayor tranquilidad. “La escuela es donde se reúne la comunidad, donde se hacen reuniones, mingas y celebraciones”, comentan líderes locales, quienes reconocen que contar con espacios adecuados fortalece el tejido social y reafirma el sentido de pertenencia territorial.
Tagachí: aprender del campo y para el territorio
En la zona rural de Quibdó, la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Tagachí también fue intervenida, beneficiando a 193 estudiantes que se forman en saberes ligados a la tierra, la producción de alimentos y el cuidado del entorno. Con una inversión cercana a los $92 millones, se mejoraron las cubiertas con teja termoacústica, se adecuaron aulas, se cambiaron pisos de madera y se fortalecieron las baterías sanitarias y el restaurante escolar.
Para esta comunidad educativa, el mejoramiento del restaurante escolar es especialmente significativo, ya que la alimentación es un pilar fundamental para la permanencia de niñas, niños y jóvenes en el sistema educativo. Además, al tratarse de una institución técnica agropecuaria, estos espacios fortalecen procesos de formación que dialogan con la soberanía alimentaria y el conocimiento ancestral del territorio.
Educar con dignidad es un derecho, no un privilegio
Desde Panal Medios, red de comunicación alternativa y comunitaria, insistimos en que hablar de infraestructura educativa en el Chocó es hablar de dignidad, justicia territorial y derechos colectivos. Durante años, las comunidades han sostenido las escuelas con esfuerzo propio, autogestión y trabajo comunitario, a pesar de la falta de inversión pública suficiente.
La entrega de estas obras, impulsadas por el Ministerio de Educación Nacional y Findeter, se suma a la necesidad de avanzar hacia procesos más integrales, donde la infraestructura vaya acompañada de dotación, fortalecimiento pedagógico y participación real de las comunidades en las decisiones que afectan sus territorios.
En un departamento donde educar ha sido también un acto de resistencia, estas escuelas renovadas se convierten en espacios para sembrar futuro, cuidar la vida y fortalecer la organización comunitaria. Porque cuando la escuela se cuida, no solo aprenden las niñas y los niños: se fortalece el territorio y se reafirma la esperanza colectiva.
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Escuelas que vuelven a latir en el Catatumbo
Inversión pública para fortalecer la educación rural y la vida comunitaria
Por Panal Medios
Red de Medios Alternativos y Comunitarios
Febrero, 2026
En las montañas y caminos del Catatumbo, donde la escuela suele ser más que un edificio y se convierte en punto de encuentro, refugio y esperanza, la mejora de la infraestructura educativa tiene un significado profundo. No se trata solo de paredes nuevas o techos reparados, sino de condiciones dignas para aprender, enseñar y convivir, especialmente en territorios rurales que durante décadas han vivido el abandono estatal, el conflicto armado y profundas brechas sociales.
Con una inversión superior a $1.800 millones, el Ministerio de Educación Nacional, en articulación con Findeter, entregó proyectos de mejoramiento de infraestructura educativa en zonas rurales de los municipios de Teorama, Hacarí y San Calixto, en el departamento de Norte de Santander. Estas obras benefician directamente a más de 70 niñas, niños y jóvenes, así como a docentes, familias y comunidades campesinas que sostienen la escuela como uno de los pocos espacios públicos permanentes en el territorio.
La escuela rural como corazón de la comunidad
En muchos corregimientos y veredas del Catatumbo, la escuela no solo cumple una función pedagógica. Allí se realizan reuniones comunitarias, encuentros culturales, jornadas de cuidado colectivo y procesos organizativos. Por eso, invertir en su mejoramiento es también invertir en tejido social, arraigo territorial y construcción de paz desde lo cotidiano.
La inversión total fue de $1.839 millones y contempló obras integrales que incluyeron adecuación de aulas, cubiertas, cocinas y comedores escolares, baterías sanitarias, zonas exteriores, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, así como dotación básica de mobiliario. Estas mejoras impactan directamente la salud, la seguridad y el bienestar de la comunidad educativa, especialmente en contextos rurales donde el acceso a servicios básicos sigue siendo limitado.
Teorama: dignidad educativa en la ruralidad
En el municipio de Teorama, se entregaron las obras de la Institución Educativa – Sede Pulpitos, ubicada en zona rural. Aunque el número de estudiantes beneficiados es reducido —cinco niñas y niños—, la inversión cercana a los $279 millones, ejecutada entre julio y diciembre de 2025, demuestra que la educación rural no puede medirse solo en cifras, sino en el derecho de cada estudiante a aprender en condiciones dignas.
Para las familias campesinas de la zona, contar con una escuela adecuada significa reducir riesgos, fortalecer la permanencia escolar y reafirmar el compromiso de la comunidad con la educación como camino para el buen vivir y la permanencia en el territorio.
Hacarí: dos sedes, múltiples impactos
En Hacarí, la inversión se materializó en dos proyectos que fortalecen la infraestructura educativa rural. En la Institución Educativa – Sede El Cerro, las obras beneficiaron a 13 estudiantes, con una inversión cercana a los $680 millones. Por su parte, en la Institución Educativa El Valle, 17 estudiantes cuentan ahora con espacios mejorados gracias a una inversión aproximada de $410 millones.
Estas sedes, ubicadas en zonas rurales de difícil acceso, representan un esfuerzo por cerrar brechas históricas entre la educación urbana y la rural. Las mejoras en aulas, servicios sanitarios y espacios comunes no solo elevan la calidad del aprendizaje, sino que también dignifican la labor docente y fortalecen la relación entre escuela y comunidad.
San Calixto: aprender en condiciones dignas
En el municipio de San Calixto, se entregó el proyecto de la Institución Educativa Quebrada Azul, que beneficia a 36 estudiantes de zona rural, con una inversión cercana a los $470 millones. Para esta comunidad, la renovación de la escuela significa mejores condiciones de salubridad, mayor seguridad estructural y espacios adecuados para la alimentación escolar y la convivencia.
En territorios como San Calixto, donde la escuela ha resistido al abandono y a la violencia, estas obras representan un mensaje claro: la educación rural importa y merece atención prioritaria.
Educación rural, territorio y futuro
Desde Panal Medios reconocemos que estas inversiones se inscriben en el compromiso del Gobierno Nacional con el fortalecimiento de la infraestructura educativa rural en el Catatumbo. Sin embargo, también insistimos en que el verdadero impacto de estas obras dependerá de su apropiación comunitaria, del mantenimiento continuo y de políticas integrales que garanticen transporte escolar, alimentación digna, conectividad y condiciones laborales justas para docentes rurales.
Invertir en escuelas rurales es apostar por la permanencia de las comunidades campesinas en sus territorios, por la protección de los saberes locales y por la construcción de paz desde la base social. Cada aula renovada es una posibilidad para que niñas y niños del Catatumbo sueñen, aprendan y construyan futuro sin tener que abandonar su tierra.
La educación, cuando se piensa desde lo comunitario, no es solo un servicio: es un derecho, un lazo colectivo y una semilla de transformación territorial.
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Bienestar comunitario y la transición energética
Por Panal Medios
Red de medios alternativos y comunitarios
Marzo, 2026
En los barrios, veredas y municipios de Colombia, la falta de recursos no suele ser una cifra abstracta: se traduce en obras aplazadas, programas sociales recortados y necesidades comunitarias que esperan respuesta. En este contexto, la reciente decisión de Findeter de adicionar $2 billones de pesos a dos de sus líneas de crédito estratégicas representa una oportunidad para que los territorios respiren, fortalezcan su autonomía y orienten recursos hacia el cuidado de la vida, el ambiente y el bienestar colectivo.
El anuncio, realizado el 4 de febrero de 2025, se inscribe en los esfuerzos del Estado por acompañar a los gobiernos locales en la sostenibilidad fiscal y en la transición energética justa, dos dimensiones profundamente conectadas con las condiciones de vida de las comunidades. Desde Panal Medios, entendemos que hablar de finanzas públicas es también hablar de escuelas, centros de salud, acueductos comunitarios, cultura, empleo local y protección de los territorios.
Aliviar la deuda para fortalecer lo común
Uno de los componentes centrales de esta medida es la ampliación de la línea de Fortalecimiento Institucional, que ahora cuenta con $2,2 billones para apoyar el reperfilamiento de la deuda de municipios y departamentos. La mayor parte de estos recursos está dirigida a territorios de categorías 2 a 6, donde se concentran muchas de las comunidades que históricamente han enfrentado mayores desigualdades y limitaciones presupuestales.
Cuando un municipio destina gran parte de sus ingresos al pago de intereses, se reduce su capacidad para invertir en procesos comunitarios, infraestructura social y programas de atención a poblaciones vulnerables. Por ello, las condiciones ofrecidas por esta línea —tasas compensadas, plazos amplios y periodos de gracia— permiten liberar recursos públicos que pueden volver a circular en la economía local y en proyectos construidos con la gente.
Más de 185 municipios ya han hecho uso de esta herramienta, con impactos concretos. En Popayán, la reorganización de su deuda abrió espacio para fortalecer la inversión social. En Astrea, Cesar, los ahorros logrados permitieron redirigir recursos hacia iniciativas comunitarias. En Victoria, Caldas, el refinanciamiento liberó fondos del Sistema General de Participaciones que ahora pueden destinarse a obras y procesos colectivos. Son ejemplos que muestran cómo una gestión financiera responsable puede convertirse en una apuesta por el bienestar común.
Transición energética desde los territorios y para las comunidades
El segundo billón de pesos se destinó a la línea de Compromiso Eficiencia Energética y Conectividad Virtual, que alcanza ahora una disponibilidad de $3,3 billones. Esta línea financia proyectos de energías renovables, eficiencia energética, reconversión tecnológica y reducción de emisiones, aspectos fundamentales para enfrentar la crisis climática que ya afecta de manera directa a comunidades rurales y urbanas.
Desde una mirada comunitaria, la transición energética no puede ser solo un cambio de fuentes de energía: debe ser un proceso que genere empleo local, fortalezca capacidades territoriales y promueva formas de producción más solidarias y sostenibles. Proyectos como la sustitución de combustibles contaminantes, la digitalización energética o el uso de tecnologías limpias pueden mejorar la calidad de vida, reducir costos para las comunidades y proteger los ecosistemas.
Si bien hasta ahora estos recursos se han canalizado principalmente hacia el sector privado, existe el reto y la oportunidad de ampliar su alcance hacia iniciativas públicas, comunitarias y asociativas que también aportan a la soberanía energética y al cuidado del territorio.
Finanzas públicas con rostro humano
Para Findeter, esta adición de recursos responde a las necesidades expresadas por alcaldes, gobernadores y sectores productivos. Desde Panal Medios, subrayamos la importancia de que estos recursos se gestionen con transparencia, participación y control social, garantizando que los beneficios lleguen efectivamente a las comunidades y se traduzcan en mejoras reales en la vida cotidiana.
La financiación para el desarrollo, cuando se orienta desde y para los territorios, se convierte en una herramienta para fortalecer la organización comunitaria, reducir brechas y construir futuros más justos. Los $2 billones adicionales anunciados por Findeter no son solo una inversión financiera: son una posibilidad para que los territorios decidan, de manera colectiva, cómo cuidar la vida, el ambiente y lo común.
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Comunidades que construyen territorio
60 proyectos comunales comienzan a transformar regiones de Colombia
Por Panal Medios
Marzo, 2026
En Colombia, donde la organización comunitaria ha sido históricamente uno de los pilares de la vida social en barrios, veredas y municipios, las Juntas de Acción Comunal continúan demostrando que la participación ciudadana no es solo un principio constitucional, sino una práctica cotidiana de construcción colectiva. En esa dirección, el Ministerio del Interior anunció el inicio de la ejecución de 60 proyectos comunitarios que hacen parte del Banco de Proyectos Comunales – Fase III, una estrategia que busca fortalecer el liderazgo territorial y apoyar soluciones construidas desde las propias comunidades.
La iniciativa cuenta con una inversión de 2.210 millones de pesos y beneficiará a 39 municipios en 18 departamentos del país, con el acompañamiento técnico de Findeter, entidad que actúa como banca de desarrollo para apoyar proyectos regionales. Más que una cifra presupuestal, el programa representa una apuesta por reconocer el papel de las organizaciones comunales como actores fundamentales en el desarrollo local y en la consolidación de la democracia participativa.
Las Juntas de Acción Comunal han sido, durante décadas, una de las estructuras organizativas más extendidas en el territorio colombiano. Desde pequeñas veredas hasta barrios populares de las grandes ciudades, estas organizaciones han permitido que las comunidades gestionen proyectos colectivos, defiendan intereses comunes y generen soluciones frente a necesidades locales.
En el marco de esta nueva fase del Banco de Proyectos Comunales, el viceministro general del Interior, Jaime Berdugo, resaltó que el fortalecimiento de estas organizaciones es clave para construir territorios más participativos.
Según explicó el funcionario, cuando una Junta de Acción Comunal resulta beneficiada con este tipo de iniciativas no solo se materializa una obra o un programa comunitario. También se fortalece la participación ciudadana, entendida como la base de una democracia que se construye desde lo local.
“Cuando una Junta de Acción Comunal resulta beneficiada, se fortalece la participación ciudadana como base de nuestra democracia. Estos proyectos permiten que las comunidades tengan incidencia en las decisiones que impactan su entorno y que la inversión pública responda a sus prioridades”, señaló.
La estrategia parte de un principio sencillo pero profundo: las comunidades conocen mejor que nadie sus necesidades y también sus potencialidades. Por eso, los proyectos no son diseñados exclusivamente desde las instituciones, sino formulados por las propias organizaciones comunales mediante procesos de diagnóstico participativo.
El Banco de Proyectos Comunales contempla cinco líneas de financiación que buscan responder a diversas necesidades de las organizaciones de base. Los recursos asignados a cada iniciativa oscilan entre 25 y 80 millones de pesos, dependiendo del tipo de proyecto y su alcance.
1. Mantenimiento, mejora o adecuación de recintos comunales, espacios que funcionan como centros de reunión, formación y encuentro para las comunidades.
2. Reconstrucción de la memoria y la cultura comunal, orientada a rescatar procesos históricos, saberes colectivos y experiencias organizativas.
3. Soberanía alimentaria y fortalecimiento de unidades productivas, que incluye apoyo a mercados campesinos y ferias populares.
4. Dotaciones para el fortalecimiento organizativo, que facilitan herramientas para mejorar la gestión comunitaria.
5. Mitigación del riesgo de desastres, cambio climático y conservación ambiental.
Dentro de los 60 proyectos seleccionados, la mayor parte corresponde a iniciativas de dotación para organizaciones comunales (24 proyectos) y a acciones relacionadas con la mitigación de riesgos ambientales (19 proyectos). También se incluyen propuestas de reconstrucción cultural (8), soberanía alimentaria (6) y mantenimiento de casetas comunales (3).
Tecnología para cerrar brechas en el campo
Entre los proyectos seleccionados se encuentra el presentado por la Junta de Acción Comunal de la vereda Nemoga, ubicada en el sector de Siberia, en el municipio de Fúquene (Cundinamarca). Allí, la comunidad decidió apostar por una iniciativa que busca reducir la brecha digital en zonas rurales.
El proyecto contempla la dotación de computadores, impresoras, un video beam y un televisor, equipos que permitirán habilitar espacios de formación tecnológica para habitantes de la vereda.
Para Yesenia Marqués, presidenta de la Junta de Acción Comunal de Nemoga, el acceso a herramientas digitales puede marcar una diferencia significativa en la vida cotidiana de las comunidades rurales.
Según explicó, uno de los objetivos centrales del proyecto es facilitar el aprendizaje de nuevas tecnologías, especialmente para los adultos mayores, quienes muchas veces enfrentan mayores dificultades para acceder al mundo digital.
“Gracias a la postulación de nuestro proyecto tendremos tres computadores, un video beam, dos impresoras y un televisor que le permitirá a la gente, sobre todo a los adultos mayores, familiarizarse con el uso de internet y conectarse con la familia que no vive cerca”, afirmó.
Este tipo de iniciativas evidencian cómo la organización comunitaria puede contribuir a cerrar brechas tecnológicas y generar espacios de aprendizaje colectivo en territorios donde el acceso a infraestructura digital sigue siendo limitado.
Reforestar para proteger el agua y la vida
Otro de los proyectos destacados se desarrolla en la vereda Alto Cuembí, en el municipio de Puerto Asís, Putumayo, donde la Junta de Acción Comunal impulsa una iniciativa ambiental orientada a la recuperación de fuentes hídricas.
Durante años, parte de esta zona fue utilizada para la siembra de cultivos ilícitos, lo que provocó procesos de degradación ambiental y pérdida de cobertura vegetal. Frente a esta situación, la comunidad decidió emprender un proyecto de restauración ecológica que incluye la siembra de especies nativas como nacederos y chiparos.
La iniciativa busca no solo reforestar el territorio, sino también promover procesos de educación ambiental entre los habitantes de la vereda.
Julio Mesa Rivera, presidente de la Junta de Acción Comunal de Alto Cuembí, explicó que el proyecto contempla actividades de capacitación comunitaria sobre la importancia de proteger los humedales y nacimientos de agua.
“Vamos a realizar talleres y capacitaciones a la comunidad sobre la importancia de la conservación, la recuperación y el mantenimiento de los humedales y nacederos de agua para el equilibrio de nuestro ecosistema”, señaló.
Este tipo de acciones demuestran cómo las organizaciones comunitarias pueden convertirse en protagonistas de procesos de restauración ambiental y defensa del territorio.
Participación para construir soluciones colectivas
Uno de los aspectos más relevantes del Banco de Proyectos Comunales es el proceso participativo que acompaña la formulación de cada iniciativa. Antes de presentar un proyecto, las organizaciones deben desarrollar espacios de diálogo comunitario en los que se identifican necesidades, se priorizan soluciones y se definen metas de manera colectiva.
Durante este proceso, las comunidades también elaboran presupuestos participativos y construyen acuerdos sobre la ejecución de las iniciativas.
Este enfoque busca garantizar que los proyectos respondan realmente a las problemáticas del territorio y no a decisiones externas alejadas de la realidad local.
Además, el programa se articula con la estrategia nacional de economía popular y solidaria, que promueve el fortalecimiento de iniciativas productivas comunitarias y el impulso de empleos locales.
Convenios solidarios: comunidades que ejecutan sus propios proyectos
Un elemento clave de la estrategia es la implementación de convenios solidarios, un mecanismo mediante el cual las propias organizaciones comunitarias pueden ejecutar los proyectos aprobados.
Este modelo rompe con la lógica tradicional de contratación pública, en la que las obras y programas suelen ser ejecutados por terceros. En cambio, permite que las comunidades participen directamente en la gestión de los recursos y en la implementación de las iniciativas.
La modalidad busca aprovechar el conocimiento territorial que tienen las organizaciones de base y fortalecer sus capacidades administrativas y organizativas.
De esta manera, además de generar empleo local y dinamizar las economías regionales, los proyectos también contribuyen a consolidar procesos de autonomía comunitaria.
Democracia desde los territorios
El Banco de Proyectos Comunales se inscribe dentro de una visión más amplia del desarrollo territorial, en la que la democracia no se limita a los procesos electorales, sino que se expresa en la participación cotidiana de la ciudadanía en las decisiones públicas.
En un país marcado por profundas desigualdades regionales, fortalecer la organización comunitaria puede ser una herramienta clave para avanzar hacia modelos de desarrollo más incluyentes y sostenibles.
Los 60 proyectos que comienzan a ejecutarse en diferentes regiones del país son, en ese sentido, ejemplos concretos de cómo las comunidades pueden convertirse en protagonistas de las transformaciones de sus propios territorios.
Desde la dotación tecnológica en una vereda de Cundinamarca hasta la restauración ambiental en Putumayo, las iniciativas reflejan una diversidad de apuestas comunitarias que comparten un mismo objetivo: construir bienestar colectivo desde lo local.
En un contexto donde las comunidades enfrentan retos como la pobreza rural, el cambio climático, la brecha digital o la falta de oportunidades económicas, programas como el Banco de Proyectos Comunales buscan abrir caminos para que las soluciones nazcan desde los territorios.
Porque, como lo han demostrado históricamente las organizaciones comunales en Colombia, cuando la comunidad participa, el desarrollo deja de ser una promesa y comienza a convertirse en realidad.
Para Carlos Alberto Saad Llinás, presidente de Findeter, este tipo de iniciativas no solo fortalecen la organización comunitaria, sino que también contribuyen a dinamizar las economías locales.
Desde su perspectiva, se trata de proyectos que permiten mejorar infraestructura social, reactivar procesos productivos y fortalecer el tejido social, todo ello mediante inversión pública que llega directamente a los territorios en Colombia.
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Cuando el desarrollo se vuelve esperanza
“Una nueva oportunidad para los territorios que sueñan con sostenibilidad”
Por Panal Medios
Marzo, 2026
En los barrios donde el agua llega con dificultad, en las veredas donde la luz aún es un privilegio intermitente y en las ciudades donde el transporte define el ritmo de la vida cotidiana, hablar de desarrollo no es una abstracción técnica: es hablar de dignidad. Es en ese país profundo, diverso y desigual, donde una noticia como la reciente iniciativa de Findeter cobra un significado que va mucho más allá de los números.
La Banca de Desarrollo Territorial -Findeter- anunció el lanzamiento de la Línea Especial de Crédito del Banco de Desarrollo Alemán -Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)- Sostenible EMUA (proyectos sostenibles de energía, movilidad urbana, agua y saneamiento básico), una fuente de financiación por 150 millones de dólares que, en apariencia, podría leerse como otro instrumento financiero. Pero en el lenguaje de las comunidades, esto se traduce en algo distinto: posibilidades. Posibilidades de transformar realidades que durante décadas han permanecido en espera.
Esta línea nace con el respaldo del KFW, en el marco del Programa de Desarrollo Económico y Urbano Sostenible. No se trata únicamente de una alianza internacional, sino de un puente entre visiones: la experiencia técnica global y las necesidades urgentes de los territorios colombianos.
Carlos Alberto Saad Llinás, presidente de Findeter, lo expresó con claridad: estos recursos buscan impulsar proyectos que no solo construyan infraestructura, sino que respondan a criterios de sostenibilidad ambiental, mitigación del cambio climático y fortalecimiento del tejido económico. En otras palabras, no se trata solo de hacer obras, sino de hacerlas bien, con sentido y con futuro.
Para muchas comunidades, el desarrollo sostenible no es un concepto académico: es la diferencia entre tener agua limpia o no tenerla, entre respirar aire contaminado o caminar hacia una ciudad más habitable, entre depender de energías costosas o acceder a alternativas renovables.
La nueva línea de crédito apunta precisamente a esos sectores que impactan la vida cotidiana: energías renovables, eficiencia energética, movilidad sostenible y agua potable. Cada uno de estos frentes representa una deuda histórica con amplias regiones del país.
Pensar, por ejemplo, en proyectos de energías renovables en zonas rurales no es solo hablar de paneles solares o tecnología avanzada. Es hablar de escuelas que pueden funcionar sin interrupciones, de centros de salud que pueden atender emergencias, de hogares que dejan atrás la oscuridad. Es, en esencia, hablar de equidad.
En el ámbito urbano, la apuesta por sistemas de transporte sostenible —como flotas de bajas o cero emisiones y sistemas inteligentes de tránsito— abre la puerta a ciudades menos contaminadas, más eficientes y, sobre todo, más humanas. En ciudades donde el tiempo se pierde en trancones interminables, estas transformaciones no son menores: son una forma de devolverle calidad de vida a millones de personas.
Y cuando se habla de agua potable y saneamiento básico, el impacto es aún más profundo. Ampliar la cobertura, mejorar la calidad y promover el uso eficiente del recurso hídrico no solo previene enfermedades, sino que dignifica la vida. En muchos territorios, el acceso al agua sigue siendo una lucha diaria; por eso, cada inversión en este sector es también una inversión en salud y en justicia social.
Uno de los aspectos más significativos de esta iniciativa no está únicamente en el capital disponible, sino en las condiciones que lo acompañan. Para acceder a estos recursos, los proyectos deberán cumplir con rigurosos criterios técnicos, financieros, climáticos y socioambientales definidos por el KFW.
Esto implica que cada iniciativa será evaluada con herramientas especializadas que garantizan su viabilidad y su alineación con estándares internacionales de sostenibilidad. En un país donde muchas obras han quedado inconclusas o mal ejecutadas, este enfoque representa un cambio de paradigma: no basta con invertir, es necesario hacerlo con responsabilidad y visión de largo plazo.
Además, el programa incluye asistencia técnica gratuita. Este componente es crucial para las entidades territoriales y organizaciones que, aunque tienen la voluntad de ejecutar proyectos transformadores, a menudo carecen de capacidades técnicas o administrativas suficientes. La asistencia no solo mejora la calidad de los proyectos, sino que fortalece las instituciones locales, generando un impacto que perdura más allá de una obra específica.
En otras palabras, no se trata solo de financiar proyectos, sino de sembrar conocimiento, de construir capacidades y de empoderar a los territorios para que sean protagonistas de su propio desarrollo.
La Línea KFW Sostenible EMUA está dirigida a una amplia diversidad de actores: entidades territoriales, empresas de servicios públicos, operadores de transporte, empresas públicas, privadas y mixtas, e incluso empresas sociales del Estado.
Detrás de esta diversidad hay una apuesta clara: el desarrollo sostenible no puede depender de un solo actor. Requiere articulación, cooperación y, sobre todo, participación.
Para los medios comunitarios, las organizaciones sociales y las juntas de acción comunal, esta iniciativa abre una ventana que no puede pasar desapercibida. Aunque no todos serán beneficiarios directos, sí pueden convertirse en actores clave en la veeduría, en la promoción de proyectos y en la construcción de propuestas que respondan a las necesidades reales de sus territorios.
Las comunidades conocen mejor que nadie sus problemáticas y sus potencialidades. Por eso, el reto no es solo acceder a estos recursos, sino asegurar que lleguen a donde más se necesitan y que se traduzcan en transformaciones reales.
Colombia enfrenta uno de los mayores desafíos de su historia: avanzar hacia un modelo de desarrollo que no sacrifique el ambiente, que no profundice las desigualdades y que no deje a nadie atrás. En ese contexto, iniciativas como esta se convierten en piezas clave de un rompecabezas más amplio.
La transición energética, la movilidad limpia, la gestión eficiente del agua y la construcción de ciudades resilientes no son metas aisladas. Son parte de una misma visión: la de un país que reconoce que el desarrollo no puede medirse únicamente en crecimiento económico, sino en bienestar colectivo.
La Línea KFW Sostenible EMUA representa, en ese sentido, una herramienta concreta para avanzar en esa dirección. Pero su verdadero impacto dependerá de cómo se utilice, de quiénes accedan a ella y de la capacidad de las comunidades para apropiarse de estos procesos.
En los territorios, las grandes transformaciones no suelen anunciarse con discursos grandilocuentes. Se construyen poco a poco, con esfuerzo colectivo, con liderazgo comunitario y con decisiones que, aunque parezcan técnicas, tienen profundas implicaciones humanas.
Hoy, esta nueva línea de crédito se presenta como una oportunidad. No una solución mágica, pero sí un camino posible. Un camino que, si se recorre con responsabilidad, participación y enfoque territorial, puede contribuir a cerrar brechas históricas y a construir un país más justo.
Porque al final, el desarrollo sostenible no se trata solo de infraestructura, ni de financiamiento, ni de indicadores. Se trata de algo más simple y más profundo: garantizar que todas las personas, sin importar dónde vivan, puedan habitar un territorio digno, habitable y lleno de futuro.